EL MUNDO – 08/10/14
· Nueva advertencia de Mas, que admite no saber «qué pasará» con la consulta.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, asumió ayer públicamente que el proceso soberanista ha entrado en un «terreno desconocido» en el que «es imposible explicar honestamente qué pasará» y añadió que lo que está «a prueba es la capacidad de resistencia de la sociedad catalana». En un discurso pronunciado anoche en el Ateneu Barcelonès, el jefe del Ejecutivo catalán cargó una vez más contra el Gobierno central, al que acusó de comportarse «como un padre autoritario e intransigente» con los catalanes.
Las palabras del president llegaron horas después de que se conociera que el Ejecutivo, a través de su delegada en Cataluña, Llanos de Luna, ha advertido esta semana por carta a todos los funcionarios municipales catalanes sobre la irregularidad en la que podrían incurrir si, como están dispuestos a hacer algunos, colaboran tanto en la organización como en el control y recuento de la consulta soberanista del 9 de noviembre.
Llanos de Luna remitió un escrito entre el lunes y ayer a los ayuntamientos, consejos municipales y diputaciones, en el que recuerda a los interventores y secretarios municipales de su «obligación» de cumplir con la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de Consultas aprobada por el Parlament y contra la convocatoria de la votación soberanista. Según recoge la misiva, a la que ha tenido acceso este diario, los funcionarios tienen la «obligación de cumplir las resoluciones judiciales y de colaborar en su ejecución», por lo que tiene vetado por ley «adoptar o ejecutar cualquier acto» relacionado con la consulta del 9-N.
A esta carta enviada a los ayuntamientos por la delegada del Gobierno cabe sumar también las advertencias, en este caso verbales, que la misma Llanos lanzó el lunes, durante el Día de la Policía Nacional celebrado en Barcelona. Entonces, y ante el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la alta funcionaria recordó durante su discurso que «es obligación de todos cumplir la ley» y, sin mencionar en ningún momento al president Artur Mas o a los partidos soberanistas, arremetió contra quienes «siembran el germen de la ambigüedad».
Pero ha sido la carta a los funcionarios la que ha hecho reaccionar al Govern. Cuestionado sobre la misiva en rueda de prensa, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, dijo que «se la podrían haber ahorrado» y acusó al Gobierno de «utilizar el discurso del miedo» para detener la consulta soberanista.
Mientras, en el Congreso de los Diputados el debate sigue vivo. Repetidos hasta la extenuación los argumentos de unos y otros en favor y en contra de la consulta, lo que ayer tocó fue, por parte de las fuerzas nacionalistas y de la Izquierda Plural, poner en solfa al Tribunal Constitucional.
La celeridad con la que ha actuado el Constitucional para admitir a trámite las impugnaciones del Gobierno a todos y cada uno de los pasos del president hacia el 9-N, sirvió ayer a ERC, CiU, PNV e Izquierda Plural para tachar su actuación de «vergonzosa» y «manipulada», informa Marisa Cruz.
«El Constitucional ha actuado a golpe de corneta y ni siquiera ha intentado parecer neutral», afirmó el diputado vasco Aitor Esteban, quien sumó su voz a la del republicano Alfred Bosch para denunciar que el Gobierno hace un «abuso de derecho» al reclamar que su recurso contra la Ley de Consultas implique la inmediata suspensión de la norma catalana.
«Votaremos porque es lo que queremos. Ya lo verán. Es inevitable. Y lo mejor para todos es que retiren los recursos y no pongan piedras en el camino», señaló Bosch desafiante, antes de que la diputada de CiU Montserrat Surroca advirtiera al Gobierno de estar cometiendo un «error histórico» porque esgrimiendo la Constitución y parapetándose tras ella «no se resolverá nada».
PP, PSOE y UPyD formaron piña una vez más en defensa de la legalidad, exigieron a ERC y CiU que no se arroguen la potestad de hablar en nombre de todos los catalanes e insistieron en que el 9-N no habrá referéndum porque el Ejecutivo lo evitará utilizando «todos los medios constitucionales a su alcance».
EL MUNDO – 08/10/14