ABC-IGNACIO CAMACHO
Las consecuencias del tripartito de ZP afloraron a los diez años, pero ahora el ritmo histórico es mucho más rápido
EN noviembre de 2005, y en una entrevista con el arriba firmante, Pasqual Maragall dijo sin inmutarse que en España había «tres naciones seguras y una probable». La probable era Andalucía, pero el entonces presidente de la Generalitat, en su quizá ya borroso tráfago mental, olvidó incluir en el catálogo a (el resto de) España, para la que más tarde propondría encontrar un nuevo nombre diferencial en su escalada de disparates. Quizá ya casi nadie recuerde este proceso centrífugo delirante que se abrió cuando Zapatero dio carta blanca a Cataluña y acabó en una segunda generación estatutaria repleta de «realidades nacionales». Miquel Iceta las ha contado y le salen nueve, cómputo en el que avala su visión frívola de un país que sirve identidades a la carta como el menú de un restaurante. Todo esto no es un desvarío transitorio de un manojo de orates: es la hoja de ruta con las que el socialismo catalán vuelve a orientar la estrategia (?) territorial de un PSOE abducido por el irresponsable proyecto de poder de Pedro Sánchez.
Urgido por la necesidad de una mayoría de investidura, el presidente ha entregado de nuevo al PSC la manija del diseño del Estado. Ante el silencio acomodaticio de los barones autonómicos, el Partido Socialista se ha convertido en una franquicia española de su fracción nacionalista catalana, cuyo líder es el muñidor del pacto para que la candidatura sanchista obtenga el necesario respaldo. Las consecuencias del primer tripartito, el del Estatut de Maragall y ZP, afloraron al cabo de una década de modo dramático, pero el ritmo histórico discurre ahora con plazos mucho más volátiles y acelerados. Si cuaja la alianza desintegradora que se está fraguando –con Podemos como elemento catalizador de un cóctel político incendiario–, el impacto sobre el modelo constitucional será mucho más rápido. Y causará más estragos porque la insurrección de 2017 no sólo no se ha desarticulado sino que conserva prácticamente intacta su capacidad de daño
Esta negociación, dirigida en la sombra por Iceta, supone otorgar al procés una tardía carta de naturaleza. Por un lado indulta de facto –ya se verá si también de derecho– a los líderes de la revuelta, y por otro les da razón en sus pretensiones de vuelco del sistema. Ya ha habido una primera cesión, simbólica pero esencial, al asumir el Gobierno la existencia de un «conflicto político» en lugar de un problema de convivencia. La expresión del conflicto implica dos partes: bilateralidad dialéctica. Es decir, que el Estado no ha sido agredido, sino que es como mínimo corresponsable de la refriega por no hacerse cargo de la condición plurinacional, léase confederal, que el ordenamiento estatutario recoge y fomenta. A partir de ahí, la subasta queda abierta. Y hay nueve comunidades «nacionales» en potencial turno de espera para repartirse a trozos la soberanía en alegre almoneda.