ABC-ISABEL SAN SEBASTIÁN
Un acuerdo entre Sánchez y Casado con un único propósito: reformar la ley electoral y convocar elecciones
NÓTESE que escribo en condicional, no en presente del indicativo. Esto es así porque para hacer posible la salida en cuestión, al frente del Partido Socialista debería haber un político sensato, patriota, demócrata, provisto de convicciones sólidas y de estrategia a largo plazo; o sea, lo contrario de Pedro Sánchez. De ahí que la hipótesis no deje de ser un mero «desideratum», tanto más inverosímil cuanto que el vencedor de las elecciones, responsable de sacarnos del actual atolladero, está firmemente asentado a los mandos de su formación, sin el menor rastro de contestación interna que permita albergar esperanzas. Aun así, dejemos fluir la imaginación y soñemos un rato despiertos ….
Si el líder del PSOE fuese otro, digamos una persona responsable, daría la espalda a los cantos de sirena que susurran en sus oídos separatistas y podemitas para aceptar las manos tendidas por Ciudadanos y PP. Eso sería lo lógico. Lo contrario es tan absurdo que ni siquiera ellos, los independentistas catalanes y vascos, terminan de creerse su suerte. Tienen cogido por la entrepierna nada menos que al presidente del Gobierno de España, decidido a aceptar sus condiciones a fin de revalidar un título que hasta la fecha no ha logrado superar la coletilla de «en funciones». Es su rehén. Un juguete que manejan a su antojo, infligiéndole cada día una nueva humillación, hasta el extremo de llevarle a asegurar que, sea cual sea el acuerdo al que llegue, respetará los márgenes que marca la Ley. ¿Podría ser de otra manera? ¿Estaría dispuesto Sánchez a prevaricar con tal de colmar su desmedida ambición? Tal vez, inconscientemente, él mismo crea que sí. En todo caso, si lo hace, si traspasa la raya de lo legal o lo legítimo, no necesariamente coincidente, no será por falta de alternativa, sino por su voluntad. Por su revanchismo sectario. Y todos los españoles leales a la Carta Magna estaremos en la obligación de recordárselo no solo a él, sino a cuantos socialistas dicen repudiar el nacionalismo y viven confortablemente instalados en esta contradicción flagrante
Sánchez tiene otras opciones. Para empezar, sentarse a la mesa de diálogo con Pablo Casado, a quien ni siquiera coge el teléfono. El dirigente popular ha ofrecido públicamente pactos de Estado circunscritos a la defensa de la Constitución y ha planteado la necesidad de reformar la ley electoral con el fin de reforzar la mayoría del partido vencedor. ¿Por qué no explorar esa vía? La experiencia demuestra sobradamente que, con la legislación vigente, la gobernabilidad del país acaba dependiendo inevitablemente de fuerzas que no sólo no defienden los intereses generales, sino que están lanzadas a la destrucción de la Nación. Fuerzas sobrerrepresentadas en el Congreso de los Diputados, merced a unas reglas de juego fijadas en su beneficio con el vano empeño de atraerlas a la lealtad constitucional. Claro que no son ellas las únicas favorecidas por esta ley suicida. Inmediatamente detrás de Bildu, PNV y ERC, se sitúan el PSOE y el PP, que durante lustros han sacado el máximo provecho de un sistema injusto y desproporcionado en la asignación arbitraria de representantes. Por eso nunca han querido cambiarlo. Ahora, cuando probablemente sea demasiado tarde, el líder de la derecha se da cuenta del tremendo error cometido por sus predecesores y propone un viraje destinado a privar a estos grupos del poder decisorio que ostentan. Un acuerdo de investidura con un único propósito: reformar la ley electoral y convocar elecciones. Ésa sería la única salida digna a este entuerto y precisamente por eso Sánchez tomará la otra.