Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
El Gobierno ha anunciado sus planes para implantar un sistema que garantice un ingreso mínimo vital que protegerá a un millón de familias y que no será una ayuda puntual, sino un instrumento nuevo y permanente de la Seguridad Social. En estos momentos en los que las cifras del paro están desbocadas y los ERTEs se acumulan en las oficinas del SEPE -alcanzan ya la cifra de 450.000 y afectan a 3,5 millones de trabajadores-, es muy difícil oponerse a la medida. Sus defensores apuntan a razones de solidaridad, que parecen evidentes, y económicas, que son más discutibles. Claro que la garantía de renta aumenta la capacidad de consumo y es precisamente eso, la demanda, la que necesitamos para reactivar a la economía colapsada de nuestros días.
Pero el análisis no se puede detener ahí. Para emitir un juicio necesitamos una mayor definición del sistema. Por ejemplo, en cuanto a su volumen individual -a quiénes, en qué condiciones y cuánto se dará-, y a su monto total. Partimos de una situación en la que nuestra deuda pública asciende a 1,195 billones de euros, cifra récord histórica que solo ha perdido peso en su porcentaje sobre el PIB porque éste ha aumentado en los últimos años. A partir de ahora, subiremos el monto de la deuda total, debido a los incrementos de gastos, sanitarios y sociales, a la vez que bajará el PIB empujado por la parada de la economía. Las previsiones de hasta dónde llegarán las aguas divergen mucho. He visto desde el 102% de Funcas hasta el 120% de Goldman Sachs, pasando por el 108% de la CEOE.
Está bien, de eso ya nos ocuparemos más adelante. Lo que más me preocupa es que todas las medidas, todas, estén dirigidas a paliar los efectos provocados por la destrucción de empleo y ninguna medida, ninguna, vaya dirigida a crearlo, que en definitiva es el tratamiento mejor y más digno para el problema del paro y sus derivadas sociales. Se podrá decir, y será cierto, que la emergencia es la que es y que no es el momento de preocuparse por esto. Vale, pero la desazón persiste y se acrecienta cuando comprobamos que entre la investidura de Pedro Sánchez -el 7 de enero- y la declaración del estado de alarma -14 de marzo-, no se tomó ninguna medida. Si le parece un espacio de tiempo demasiado corto, puede retrotraerse hasta junio de 2018, fecha de su primera investidura. No encontrará registros de ellas. Así que, ¿podría alguien decirnos cuándo llegará el momento de preocuparse más del empleo que del paro? ¿Tendrá cabida en los famosos nuevos Pactos de la Moncloa? ¡A ver si hay suerte!