Objetivo cumplido

La operación jurídico-política para llevar a buen puerto la decisión del Rey don Juan Carlos de abdicar la corona en su hijo, el futuro Monarca Felipe VI, completó ayer con éxito el trámite más delicado. El Congreso aprobó con la amplísima mayoría que garantizan los escaños de populares y socialistas, amén de los de otras fuerzas menores (299 ‘síes’ de 350, un 85,42% del total) la ley que autoriza la renuncia del Rey al trono. En unos días hará otro tanto el Senado, y el nuevo soberano podrá jurar como jefe del Estado el 19.

Se cumplen de esta forma las previsiones constitucionales y se lleva a cabo una sucesión ordenada por primera vez en demasiado tiempo. Y no precisamente por la diligencia de quienes hoy nos gobiernan (PP) ni de quienes lo hicieron ayer (PSOE). En tres décadas y media ni uno ni otro encontraron gallardía suficiente para desarrollar los preceptos constitucionales sobre la Monarquía. Ni sobre la sucesión, ni para derogar la primacía del hombre sobre la mujer, ni sobre el estatus jurídico de los reyes salientes.

Con la que está cayendo, con el enorme toque de atención que dieron los ciudadanos a los políticos, en especial a los partidos del turno, en las europeas del 25 de mayo, quienes tenían el cometido de hacer legalmente posible cumplir el deseo de don Juan Carlos de ceder la corona a don Felipe no tenían que complicarse la vida, y no lo han hecho. De ahí que sólo se haya aprobado una ley para dar el plácet legislativo a la abdicación y que se haya dejado para más adelante la resolución de otras cuestiones pendientes, como las antes citadas.

El pacto se debilita
Objetivo cumplido, pues, en este sentido. Y hay que decir que sin grandes sobresaltos. Ninguno en las filas del PP. Mínimos en un PSOE que ratificó los argumentos que esgrimió en 1978 Luis Gómez Llorente, diputado de la corriente más radical del partido, de Izquierda Socialista, hoy totalmente arrinconada, para adherirse al pacto constitucional. La disidencia se limitó a tres voces. Mejor dicho a una, la del guipuzcoano Odón Elorza, que se abstuvo. Paloma Rodríguez y el balear Guillem García prefirieron no votar.

Aún siendo lo anterior lo fundamental, la sesión dio más de sí. Es cierto, como dijo el presidente Rajoy, que con la abdicación «cambiamos de página, pero seguimos escribiendo el libro de nuestra convivencia». Pero también lo es que el pacto constitucional de 1978 ha perdido fuerza. Ya no están en él ni la Izquierda Unida que da hoy cobijo al Partido Comunista, ni CiU. Y no ha sumado a nadie más allá de UPyD. Tampoco al nacionalismo vasco. Desde luego, no a la izquierda abertzale. Pero tampoco a un PNV que ayer volvió a estar duro y distante con don Juan Carlos y frío como un témpano con el Príncipe Felipe.

Vivimos los tirones característicos a los momentos de cambio. A nadie se oculta que los números de ayer serían distintos de haber votado una Cámara elegida ahora. Ese aire sobrevoló el debate que se vivió en la Cámara baja. Debate ordinario, pegado a la legalidad constitucional, sí. Pero histórico por su trascendencia y porque en nuestra historia no abundan momentos similares, como sí los hay en las de la mayoría de los Estados de nuestro entorno.

Rajoy y Rubalcaba, Rubalcaba y Rajoy, los grandes protagonistas del relevo hasta cierto punto tranquilo que va a vivir la institución monárquica, se hartaron de repetir que no era el día para discutir si Monarquía o República, como exigió el resto de la izquierda. En efecto, no lo era, según la norma que trasladó el Gobierno a las Cortes. Pero la cuestión formará parte del debate regeneracionista que se ha abierto en España.

El aún líder socialista volvió a hablar del nuevo tiempo que precisa el país. Un tiempo que obligará, a su juicio, a reformar la Constitución del 78. Es decir, a abrir el melón que el bipartidismo se ha resistido a catar por temores atávicos. Un nuevo tiempo para zanjar las tres crisis que, según Rubalcaba, vive España, la social, la política y la territorial. Y también la que tiende a olvidar, la moral. La que debe terminar para siempre con el virus de la corrupción.

Felipe VI va a emprender su reinado con un apoyo político y social más que suficientes. El futuro lo empezará a escribir el 19. Pero, por injusto que a algunos pudiera parecer, que la política resuelva los graves males que le aquejan con mayor o menor acierto no le será inocuo.