El primero tiene que ver con el qué. Supuestamente, son reuniones donde se habla de las cuentas públicas. Pero, ¿por qué se están negociando los votos sin haber conocido todavía ni una sola línea de ese proyecto?

El segundo está relacionado con el quién. ¿Cómo es posible que en esas reuniones se hable de dinero si por parte del Gobierno no asisten ni la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es la encargada de elaborar los Presupuestos, ni Nadia Calviño, titular de Economía e interlocutora con Bruselas? En su lugar, esas citas han contado con la presencia de los dos vicepresidentes más políticos del Ejecutivo: Carmen Calvo y Pablo Iglesias.

Los dos puntos anteriores hacen sospechar que, aunque se nos pretenda vender la moto de que son reuniones de carácter económico, en realidad ahí dentro se habla de otras cosas. Por mucho que lo quieran adornar, cuando Iglesias o Calvo se ven a solas con Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) o con Mertxe Aizpurua (Bildu), por poner dos ejemplos, no hay quien se crea que están hablando del techo de gasto para el año que viene.

Jugada cantada

Desconocemos qué tipo de pactos se están alcanzando, pero los acontecimientos de los últimos días evidencian que el Gobierno, con tal de aprobar por fin unos Presupuestos que doten de estabilidad a la legislatura, está dispuesto a hacer lo que haga falta: indultos, reformas del código penal para rebajar el delito de sedición, acercamiento de presos etarras o incluso esconder al Rey.

La jugada está cantada. Sánchez sabe que una vez que logre aprobar su primer Presupuesto tendrá vía libre para seguir en La Moncloa tres años más. Y, dada la importancia que esa votación parlamentaria tiene para él, está haciendo todo lo posible por atar los apoyos, aunque sea a costa de prometer una España muy diferente a la de hoy. Y en realidad no está hablando de economía con sus socios parlamentarios, sino de política. La crisis en la que ya estamos inmersos les importa un pimiento a todos ellos: lo que quieren es aprovechar la extrema debilidad del Gobierno para sacar la mayor tajada jamás obtenida por apoyar las cuentas públicas.

Y en eso está Sánchez, dando señales todo el rato para que el podemismo y los independentistas se convenzan de que con él en La Moncloa las cosas van a cambiar mucho, empezando por la Justicia, penúltimo resquicio del sistema que el Gobierno todavía no controla al 100%, y siguiendo por la Corona, el obstáculo principal para poder poner en marcha una República al gusto de cierta izquierda y de todos los separatistas de Galicia, País Vasco y Cataluña.

¿Pretende Sánchez instaurar una República? Seguramente ni él lo sabe, pero lo que está claro es que su objetivo es seguir presidiendo el Gobierno. Y el problema es que para lograrlo se tiene que poner en manos de gente que sí sabe bien lo que quiere.

Pero, dados los antecedentes de Sánchez, la gran duda que queda por despejar es si, aparte de prometer el oro y el moro para conseguir la mayoría parlamentaria requerida, cumplirá luego sus promesas o, como viene siendo costumbre, traicionará una vez más a sus interlocutores. Por eso algunos de ellos, que no se fían ni un pelo, están pidiendo al Gobierno hechos concretos antes de la votación decisiva del Congreso. Y de ahí que el presidente haya decidido apretar a fondo el acelerador.

Desgastar las instituciones

¿Pretende Sánchez instaurar una República en España? Seguramente ni él mismo lo sabe, pero lo que sí está claro es que su único objetivo es seguir presidiendo el Gobierno, y para ello hará lo que sea menester. Y el problema es que está en manos de gente que sí sabe bien lo que quiere.

De hecho, Iglesias ya ha contado en alguna conversación informal que tiene un deseo entre ceja y ceja: que el 14 de abril de 2031, cuando se cumplan cien años de la proclamación de la Segunda República, España ya no sea una monarquía. Por eso ni él ni los dirigentes/cargos/ministros de Podemos van a perder la ocasión de ir desgastando progresivamente al Rey y lo que ellos llaman «régimen del 78».

Su objetivo es deslegitimar las instituciones emanadas de la Constitución, sabedores de que la erosión paulatina del sistema provocará su colapso más pronto que tarde. Por eso, cuando desde el Consejo de Ministros se acusa al jefe del Estado de «maniobrar contra el Gobierno», lo que se busca es que los ciudadanos se vayan acostumbrando a perderle el respeto a la figura del Rey y que se vaya generando un caldo de cultivo propicio para cuando llegue el día D.

Lo escalofriante de todo esto es que Sánchez mire para otro lado como si no pasara nada y permita que sus ministros digan esas cosas sin que haya consecuencias. El que calla, otorga. Su silencio es cómplice. Por eso cuesta mucho trabajo creer que esta vez también acabará traicionando a sus socios una vez consiga lo que busca.