FRANCISCO PASCUAL-ELMUNDO

Manuel Cruz escribió hace un par de años El ojo de halcón, cuando la filosofía habita en los detalles, un librito que arranca pespunteando los clásicos y remata con una lectura crítica de la política española. Dice quien presidirá el Senado que lo que distingue a los filósofos no es tanto su conocimiento del Ser como su mirada sobre el mismo. El lugar elevado desde el que los pensadores contemplan «con gran angular» el Todo les permite reparar en las partes, en apariencia menores, pero cargadas de significado. De ahí el símil tenístico.

En el apartado que analiza a Platón, Cruz distingue el diálogo de la negociación «o la transacción». El primero es un combate de ideas en el que los discrepantes asumen «el riesgo de cambiar de opinión». Sin embargo, en la negociación «de lo que se trata es de compatibilizar intereses contrapuestos obteniendo el mayor beneficio posible o, en su defecto, el menor perjuicio».

La mirada rapaz del filósofo nos sirve para posarnos sobre el conflicto independentista y desmontar así uno de los eufemismos del que se está contagiando el lenguaje periodístico: «Estar a favor o en contra de la vía del diálogo». Aquí no hay diálogo, hay negociación o transacción. Y como en todas estas, las partes pugnan por alcanzar posiciones de fuerza que les proporcionen un acuerdo parcial o totalmente ventajoso. Y en esas estamos. Con el Gobierno dispuesto a explorar los límites de la Constitución con el sueño de desactivar así la pulsión victimista del separatismo. Y con este avanzando sin prisa ni pausa con su plan, que consiste en expulsar de la vida pública por la vía de los hechos todo lo que no sea nacionalista.

La última escaramuza ha sido el bloqueo de la designación como senador de Miquel Iceta. El Gobierno ha contraatacado doblando su apuesta por su hoja de ruta con el nombramiento de dos catalanes «dialogantes», Cruz y Batet. Es una lectura incompleta. La exhibición de fuerza de los partidos soberanistas consiste en demostrar que están dispuestos a pasar por encima de los derechos de las minorías cuando sea necesario. Lo hicieron en las votaciones de las Leyes de Transitoriedad en septiembre de 2017 y lo hacen ahora.

Hay más ejemplos, como el asalto organizado del soberanismo a la Cámara de Comercio de Barcelona para ponerla al servicio de la causa. El independentismo actúa en bloque, con el propósito capilar de copar todos los organismos de la sociedad civil y expulsar de ellos a quien no comparta el objetivo último.

El paso siguiente es la eliminación del discrepante de la esfera política. Hoy publicamos que en el 43% de los municipios catalanes es imposible votar por una opción constitucionalista. Los partidos no encuentran a quien se presente. Nadie quiere quedar señalado. ¿Cuántos ayuntamientos quedarán sin representación no separatista en los comicios de 2023? ¿Un 50%? ¿Un 60%? Y así hasta que nos aproximemos a la cifra mágica del 65% del voto independentista a partir de la cual será innegable, según Iceta, un referéndum separatista. Será su profecía autocumplida.