Sandra León-El País

Ante su previsible declive electoral, el PP muestran una atrofiada capacidad de respuesta

Desde hace algún tiempo, ser testigo de los acontecimientos políticos de este país pasa por un ejercicio de doble rechazo que culmina en perplejidad. El rechazo que, primero, se dirige hacia una actuación ilegal, corrupta o simplemente aborrecible y que, después, acaba transformándose en un sentimiento de oposición ante la reacción de los poderes públicos: bien porque estos se exceden en su interpretación de las actuaciones o porque su reacción es incompatible con la salvaguarda de las instituciones.

Lo ocurrido con Cifuentes y el ministro Catalá lo ilustra bien. En ambos casos se produce inicialmente una actuación que indigna a los ciudadanos: las mentiras de Cifuentes, por un lado, y el voto particular en el juicio de La Manada, por otro. El PP reacciona protegiendo primero a Cifuentes y luego forzando su dimisión tras un vídeo humillante cuya publicación abre serios interrogantes sobre la manera de ejercer el poder de este partido. En el caso de Catalá, el ministro pretende empatizar con la indignación popular cuestionando la capacidad del juez que emitió el voto particular, en una muestra de incompetencia en el cargo y de ninguneo al CGPJ.

La imprudencia de Catalá es la misma que llevó a Montoro a afirmar que no hubo dinero público en el referéndum del 1 de octubre. Ambas reacciones son síntoma de las tensiones que genera en el PP su previsible declive electoral. Muestran una atrofiada capacidad de respuesta. Un desesperado intento de conectar con la opinión pública, como cuando decidieron apuntarse a la defensa de la prisión permanente revisable.

En las democracias consolidadas la alternancia en el poder es ordenada: unos partidos llegan, otros se van y el marco institucional permanece intacto. El PP aborda el cambio de ciclo electoral arrastrando en su declive a las instituciones. En su caída, los populares han decidido adoptar como salvavidas la patrimonialización del interés general por el interés de partido. Por eso, hasta el fin de la legislatura, cualquiera de sus actuaciones debería acompañarse de un cartel que rece: “Ojo: peligro por derrumbe”.