En el Consejo General del Poder Judicial no dan crédito ante la última maniobra de Sánchez. Es cierto que es un poco ingenuo que a estas alturas aún nos sorprendamos. El presidente es capaz de todo para perdurar en el cargo. Las instituciones han dejado de estar al servicio de los españoles para estar a su servicio. Cuando Donald Trump fue elegido presidente de EEUU, se abrió el debate de si el sistema ejercería como contrapeso. En España, el deterioro de los elementos de control al Gobierno es cada vez mayor. El primer gesto de que Montesquieu estaba muerto fue el nombramiento de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. Como diría Obama, nuestro presidente no se despeina.

Manoseó la Justicia con una reforma de la ley para impedir que los magistrados en funciones del CGPJ hicieran nombramientos. La coartada es que hay una mayoría conservadora, o, lo que no se nos dice, pero se piensa, que no van a hacer lo que Sánchez quiere que hagan. El resultado es que hay 62 cargos pendientes de renovación. También intentó, junto con Podemos, un cambio en las mayorías, esta vez parlamentarias, para dejar al PP fuera de la ecuación y pactar con sus socios el trueque de jueces. Aquí, Bruselas sacó el farolillo rojo. En Europa han cuestionado la calidad de nuestra democracia por la imagen de politización de la Justicia que se está trasmitiendo.

Ahora llega el turno del Constitucional, y esto son palabras mayores. Lejos de sentarse con el PP para negociar un desbloqueo, que los populares debieron favorecer al expirar el mandato, Sánchez hace una contrarreforma para que en este caso sí puedan proponer a los dos jueces que les corresponde. Así, el Gobierno también hará lo propio con los otros dos que, según establece la Constitución, deben renovarse por tercios cada tres años. ¿Por qué hay tanta urgencia? Aquí entra en juego el exfiscal general, Cándido Conde-Pumpido. Moncloa quiere que el hombre que defendió «arrastrar las togas por el polvo del camino» en la negociación del fin de ETA presida el Alto Tribunal. La tradición manda que el presidente del TC se elija entre los magistrados que están en el último tercio de su mandato. Es el caso de Conde-Pumpido, quien sueña con poner este colofón a su carrera. El PSOE tiene una deuda por los servicios prestados. Durante su etapa al frente del Ministerio fiscal no escondió lo que Sánchez verbalizó sin ruborizarse: «¿De quién depende la Fiscalía?… pues eso».

Cada día que se retrasa el cambio del TC, Conde-Pumpido pierde horas de su «reinado»

El tiempo está jugando en contra de lo pactado. Cada día que pasa es uno menos del reinado de Conde-Pumpido que expira en cuatro años. Tienen que sustituirse los magistrados por la vía de urgencia porque es necesario que el Gobierno coloque sus dos nuevos peones para desplazar el eje conservador. Hay que garantizarse que, de entre los doce que conforman el pleno para designar a su presidente, haya una holgada votación a favor de Cándido. El plan está trazado, pero quizás lo burdo de la trama sea lo que la ponga en peligro. La judicatura está harta. En el seno del tribunal, hasta los más «progres» entienden que deben reivindicar su independencia. Las miradas se han puesto en la otra aspirante, María Luisa Balaguer. Cumple los requisitos para arrebatarle el puesto a Conde-Pumpido. Está muy considerada por sus compañeros, y además es mujer. Pero Sánchez le necesita a él. Ambos tienen una misión.

La pandemia y la guerra desplazó el foco político. El desafío soberanista no es ahora un problema, pero Sánchez tiene un relato que construir. Dejar su huella de «pacificador» del «conflicto catalán». Quiere un hecho histórico en su medallero, como Zapatero tiene el fin del terrorismo etarra, y para ello cuenta, como hizo el expresidente socialista, con que Conde-Pumpido vuelva a arrastrar las togas. El camino es retomar el Estatut que tumbó el Constitucional. La espina clavada de los independentistas. Ni referéndum ni independencia, lo que se acabará poniendo sobre el tapete de la llamada «mesa de negociación» será volver al marco del 2006. Redactar un nuevo texto que dé los privilegios que ERC demanda históricamente. Para ello se necesita un Constitucional afín. Sánchez lo moldeará porque sabe que sus opciones de repetir como presidente pasan por sus socios y hará lo que tenga que hacer. Ni una cana en la cabellera de Pedro.