KEPA AULESTIA, EL CORREO 26/10/13
· El ‘Día del Estatuto’ podía haber rememorado 1979 reivindicando su cumplimiento y hasta su ampliación.
Ayer fue día festivo porque hace treinta y cuatro años la mayoría de la sociedad vasca refrendó el Estatuto vigente, con una participación de casi el 59% del censo y el voto afirmativo del 90%. Es conveniente recordarlo porque mucha gente celebró ayer que el calendario se pusiera en rojo o la noticia de que se conmemoraba el ‘Día de Euskadi’ sin saber exactamente de qué iba la cosa. Resulta patológico que en un país tan dado a que cualquier ocurrencia se convierta en tradición incuestionable –por ejemplo el Celedón– sus verdaderos hitos históricos estén abocados a la sublimación –léase la jura de José Antonio Aguirre como lehendakari– o al simple ostracismo –como el refrendo del Estatuto de Gernika–. En medio de la diatriba generada por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos derogando la ‘doctrina Parot’, la fecha inaugural del autogobierno vasco pasó más desapercibida que nunca. A lo sumo le queda un año de celebración gracias a las inercias que genera el calendario laboral.
Es elocuente ver cómo uno de los grandes momentos que ha vivido la historia reciente de los vascos ha acabado a merced del aborrecimiento que EH Bildu cultiva respecto a lo autonómico y del recurrente argumento ‘jeltzale’ de que no se puede celebrar una ley incumplida. Como si la avidez por revisar los términos en los que se produjo la Transición por parte de la izquierda abertzale coincidiera en este punto con la necesidad sobrevenida del PNV, especialmente en los últimos quince años, de recordar aquel 25 de octubre de 1979 como un pacto traicionado por el poder central. Ello a pesar de todos los «acuerdos históricos» que las hemerotecas recogen entre el PNV y el Gobierno correspondiente de Madrid.
Sin embargo el reproche nacionalista de que solo celebren la fecha quienes se han sucedido en el Gobierno de España –PSOE y PP– pone más en entredicho la ingratitud jeltzale con su propia trayectoria que el oportunismo constitucionalista. Ayer el PP de Arantza Quiroga tuvo el detalle de personarse en Gernika para hacer suyo el Estatuto, ya que nadie más parece reivindicarlo con ese mínimo compromiso partidario que supone eludir el puente festivo. Por contraste el anterior lehendakari, Patxi López –que instauró la fiesta– y su partido podrían haberse ahorrado el vídeo pregrabado con tal ocasión que, en sí mismo, supuso toda una invitación a que nadie conmemore el Estatuto.
Es significativo que una manifestación tan laica como el refrendo democrático del Estatuto de Autonomía sea despreciada a causa de convicciones esencialistas que reclaman el ejercicio de derechos primigenios a los que el Pueblo vasco debería aspirar como destino inexorable. Para nada sirve recordar que son precisamente las instituciones del autogobierno ‘realmente existente’ las que han procurado al PNV mantenerse en su gobierno –con un interregno constitucionalista y algunas salvedades territoriales– durante un tercio de siglo. La misión jeltzale no puede detenerse en una estación de tránsito porque aspira a llegar más allá, esta vez mediante los cautelosos movimientos que tiende a ejecutar el tándem Urkullu-Ortuzar. Todavía no sabemos cuál será el año del rubicón para acceder al «nuevo estatus político». A no ser que la expedición del soberanismo catalán encuentre una vía directa hacia el ‘Estado propio’ sin excesivos costes, la estrategia jeltzale perseverará en apurar las posibilidades del sistema de Cupo y Convenio a la espera de una «ventana de oportunidad».
A estas alturas resulta estéril discutir sobre los incumplimientos estatutarios en relación al desarrollo del autogobierno y a la práctica irreversibilidad del poder instituido en virtud de aquel 25 de octubre de 1979. Pero tampoco es honesto juzgar los recortes presupuestarios de los últimos años imputándolos únicamente al obligado cumplimiento del dictado del poder central. El argumento de que el aniversario del Estatuto de Gernika fue celebrado ‘in situ’ únicamente por el PP constituye la palanca más frágil con la que el PNV y su gobierno tratan de remover los cimientos de un estado de cosas que sostiene su propio poder político, primado por el sistema electoral y legalmente dependiente del ‘bloque constitucional’. El desdén pretendidamente laicista con el que el nacionalismo jeltzale olvida su propia historia al negarse a celebrar el 25 de octubre no solo incurre en la impostura de reinventarse a sí mismo, sino que debilita las bases sobre las que trata de dar un salto hacia delante en pos de un nuevo estatus político para Euskadi. En otras palabras, la celebración del hito estatutario hubiese liberado al soberanismo latente en el PNV de tener que depender de ese otro soberanismo enturbiado que representa la izquierda abertzale.
El Estatuto de Gernika no puede acabar siendo la referencia a la que se apegan unos cuantos nostálgicos, después de vadear las turbulencias de la política vasca durante años como una balsa a la que casi todos se aferraban sin que nadie la reivindicase como propia. El bienestar de los vascos reaparece hoy, en medio de la crisis, bajo la forma de una bendición del cielo que el acoso terrenal de Rajoy debilita día a día. Como un privilegio natural que ha de preservarse soñando en un más allá menos dependiente.
El lehendakari Urkullu trata de apegarse a la realidad para evitar cualquier salto en el vacío. Pero no hay cimiento más sólido que el autogobierno «realmente existente»; una combinación de previsiones estatutarias incumplidas en un porcentaje mínimo y el desarrollo al máximo de las potestades asumidas. La parte mejor situada de la sociedad vasca no cree que le deba su estatus a nada ni a nadie, y tampoco es el mejor momento para recordar en qué país vive a la parte peor parada de Euskadi. Sin embargo resulta temerario subirse al alambre del supuesto de que nos espera un futuro mejor en términos de autogobierno depreciando la autonomía real. De entrada invita a la insatisfacción permanente en un campo tan finito como el de la política y el poder. Y de entrada se enfrenta al desafío de movilizar tanto o más que un 59% del censo por una salida que concite tanto o más que la anuencia de un 90% de los votantes.
KEPA AULESTIA, EL CORREO 26/10/13