El encarecimiento de los combustibles, motivado por el colapso del estrecho de Ormuz, dispara el coste de la vida y destapa nuestra vulnerabilidad energética, en un momento de fuertes subidas de la gasolina -está en máximos desde 2022- y el gasóleo. Las bonificaciones aplicadas por el Gobierno a los carburantes apenas son un leve alivio. La economía española sigue movida por un motor excesivamente dependiente de Oriente Medio. Por eso el petróleo pesa más en la cesta de la compra que el viento de Cádiz o el sol de Badajoz, provincias en las que operan algunos de los principales parques eólicos y fotovoltaicos del país.

Con la convicción extendida de que en agosto se han multiplicado con creces los gastos de las familias con respecto a las cuentas echadas hace un año, llega un septiembre marcado por nuevos desembolsos -la vuelta al cole en los hogares, el fin de los contratos estivales en el mercado laboral- y obligados reajustes presupuestarios. El estrés habitual de estas fechas se agrava por una inflación que ha crecido un 4,3% en agosto, su mayor tasa desde 2023. Los carburantes prenden la mecha del problema, pero la búsqueda de soluciones urgentes sigue en manos del Gobierno de Donald Trump y del régimen de los ayatolás, imprevisibles ambos. Si la crisis se agudiza, se corre el riesgo de que las economías domésticas pierdan poder adquisitivo y se frene el consumo, auténtico dinamizador de la actividad.

España, como el resto de Europa, vuelve a constatar su elevada fragilidad frente a crisis geopolíticas externas que elevan el precio de las materias primas, como ocurre con los combustibles fósiles. Sin una reforma estructural en profundidad, las ayudas públicas para contener el impacto de la crisis pueden perder eficacia. Convendría emplazar a la UE a incentivar su autonomía, la transición energética y la diversificación de suministros, si lo que se pretende es aplacar los efectos de shocks internacionales cada vez más frecuentes desde que Trump ha impuesto el desorden mundial.