EL CORREO 25/07/13
De aceptarse la impugnación, una mayoría progresista decidiría sobre la excarcelación del antiguo portavoz de Batasuna
«Lo estamos estudiando. Es un tema muy complejo, del que no hay precedentes y que hay que analizar muy bien». La defensa de Arnaldo Otegi, Rafa Díez Usabiaga y los otros tres condenados por el ‘caso Bateragune’ medita recusar al nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, después de que el magistrado haya reconocido haber militado en el Partido Popular, incluso cuando ya ejercía como juez en el más alto tribunal del Estado. Los abogados de los cinco condenados, Iñigo Iruin, Jone Goirizelaia y Kepa Landa, han mantenido en los últimos días, tras la revelación de esa militancia, varias conversaciones pero no han decidido aún si darán o no el paso de presentar la recusación. «Hay que estudiarlo muy bien», insisten las fuentes consultadas.
El ‘caso Bateragune’ ha vuelto a la actualidad por varios frentes. El primero es de un ámbito meramente jurisdiccional. El pasado viernes el Constitucional preguntó a los abogados de la izquierda abertzale si desean fusionar en uno solo los dos recursos de amparo que se habían tramitado. Uno por parte de Díez Usabiaga y el otro por Otegi y los otros tres procesados –la extesorera del EHAK Sonia Jacinto, el exresponsable de Haika en Álava Arkaitz Rodríguez, y Miren Zabaleta, hija del fundador de Aralar, Patxi Zabaleta–. Los letrados han solicitado que se unan ambos procedimientos en uno solo para acelerar los plazos.
El segundo frente de este caso tiene un cariz mucho más mediático y tiene que ver con la repercusión de que, por vez primera, el presidente del Tribunal Constitucional haya pagado, hasta hace apenas un año las cuotas de su carnet como militante del PP. Este hecho ha llevado a que gobiernos como el de la Generalitat o el de la Junta de Andalucía hayan anunciado que le recusarán para que no participe en debates sobre leyes aprobadas en esas comunidades e impugnadas por el Partido Popular. Consideran que Pérez de los Cobos actúa de parte y está ‘contaminado’ por su militancia activa hasta hace apenas unos meses.
La falta de «precedentes» sobre la militancia del presidente del Constitucional lleva a los abogados de la defensa a pronunciarse con cierta cautela, aunque los motivos a favor de una recusación son muchos. La principal es que, de presentarse y ser aceptada, la sala que revisaría la sentencia dictada por el Supremo tendría mayoría progresista. El caso reside, en la actualidad, en la Sala Primera. Sobre el papel, no es la peor que le podría haber correspondido a los dirigentes independentistas. Está compuesta por tres jueces de perfil cercano al PP y otros tres de corte progresista. Entre los conservadores figuran, además del presidente, Francisco Pérez de los Cobos, Andrés Ollero, quien fuera hasta 2003 diputado por el Partido Popular, y Santiago Martínez-Bares. Entre los nombrados a petición del PSOE quedan Luis Ignacio Ortega, Encarnación Roca y Juan Antonio Xiol. Ortega ya avaló desde el TC tanto que Bildu tomara parte en las elecciones municipales de 2011 como la legalización de Sortu el año pasado. Xiol, que hasta el último mes formaba parte del Supremo, encabezó hace dos años el voto particular del bloque progresista –suscrito por siete de los quince magistrados de la Sala del 61– contra la ilegalización en primera instancia de Sortu.
Caso para septiembre
En caso de llegarse a un empate a tres –una tendencia que ha sido bastante habitual en los últimos años en cuestiones relacionadas con la izquierda abertzale– decidiría el voto de calidad del presidente Pérez de los Cobos. Sin él en los debates, la ventaja de los progresistas sería de tres votos a dos. La defensa de Otegi y de Rafa Díez Usabiaga tiene hasta finales de mes para decidir qué camino sigue. El ‘caso Bateragune’ no comenzará a analizarse en el Constitucional hasta el próximo mes de septiembre.
Fuentes del alto tribunal han asegurado a este periódico que la voluntad de los magistrados era resolver el fondo del asunto «a la mayor urgencia», pero la renovación que ha sufrido la institución –se ha sustituido a un tercio de los doce jueces y se ha nombrado a un nuevo presidente– retrasará la decisión hasta después de las vacaciones de verano. El Constitucional, todavía dominado por los progresistas decidió en mayo que los representantes independentistas debían permanecer en prisión mientras se analizaba el fondo del asunto. Aunque cada recurso fue analizado por una Sala diferente, las resoluciones fueron idénticas, al rechazar ambas la libertad provisional de los condenados. En los dos casos el acuerdo se tomó por unanimidad.
Los magistrados, conscientes de que la renovación del tribunal estaba al caer, acordaron dar la máxima celeridad a estos asuntos al tratarse de recursos de amparo que suponen la permanencia en prisión de los implicados. El pacto se mantiene y los jueces pretenden resolver los casos de Otegi y Díaz Usabiaga «cuanto antes», según varias fuentes de la Corte. Algo que «no será inminente» porque el tribunal ha reservado en julio una «única semana jurisdiccional» y en el orden del día no ha entrado esta causa.