El exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, se enfrenta hoy en la Audiencia Nacional a la primera sesión del juicio por el caso Bateragune. No es el único imputado en esta causa: el exsecretario general del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, y otros seis dirigentes abertzales también serán juzgados, para quienes el fiscal también pide 10 años de cárcel por intentar reconstruir la formación ilegalizada a través del proyecto Bateragune («lugar de encuentro», en euskera).
El objetivo de la formación, según las conclusiones del escrito del fiscal, era configurar una «alianza independentista» que tenía como finalidad «llamar a la incorporación de formaciones políticas como Eusko Alkartasuna (EA), Aralar, Abertzalen Batasuna (AB) y ELA al espacio de lucha en la confrontación entre Euskal Herria y el Estado».
Todos ellos formaban la llamada ‘Comisión Permanente’ de Bateragune cuando fueron detenidos el 13 de octubre de 2009 durante una reunión que celebraban en las dependencias del sindicato LAB en San Sebastián, que utilizaban como «cuartel general. Actualmente, solo Otegi, Zabaleta, Rodríguez y Jacinto permanecen en prisión, ya que Díez Usabiaga se encuentra en libertad provisional para cuidar a su madre.
Arnaldo Otegi, en prisión preventiva desde octubre de 2009, está acusado de integración en banda terrorista y enaltecimiento del terrorismo por este asunto. El exportavoz de Batasuna también se enfrentará en los tribunales por el caso Batasuna-Herriko tabernas, previsiblemente el próximo otoño, en el que se le piden 12 años de prisión, acusado también de integración en banda terrorista en grado de dirigente y presuntamente utilizar las herriko tabernas como forma de hacer llegar fondos a la formación terrorista.
El tribunal de la sección cuarta de la Sala de lo Penal, el encargado de juzgar los hechos, está formado por los magistrados Teresa Palacios y Juan Francisco Martel y presidido por la juez Ángela Murillo, que ya protagonizó un incidente con Otegi cuando le juzgó por participar en el homenaje al etarra Sagarduy por el que en febrero pasado el Tribunal Supremo decidió anular la condena de dos años de cárcel que se le había impuesto y ordenar la repetición del juicio.
Los firmantes del Acuerdo de Gernika (entre ellos, la izquierda abertzale, EA y Aralar) advirtieron el pasado 22 de junio en una comparecencia pública de que el juicio por el proyecto Bateragune puede ser un «precedente peligroso» para el objetivo de la paz y la normalación política y pidieron la absolución para los implicados.
Otras fuerzas políticas también han hablado. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, pidió ayer a los tribunales que apliquen la ley de forma «pura y estricta» al exportavoz de Batasuna y ha pedido al Gobierno que no tenga «ni un intento de conciliación en el juicio». Pons abogó por la «defensa» del Estado de derecho y el respeto a las víctimas del terrorismo.
EL PAÍS, 27/6/2011