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• Las dos con parecido pilotaje del exterior

Habrá quien piense que el proyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática es otra cortina de humo del gobierno, pero sin descartar ese efecto parece que estamos ante algo mayor.

Para empezar, ni siquiera es algo estrictamente español. El texto del anteproyecto se basa en un informe del Relator Especial que la ONU envió a España, a invitación del gobierno. El autor es Pablo de Greiff, un colombiano educado en las mejores universidades americanas y experto en justicia transicional. Formó parte del ICTJ, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (de la Fundación Ford, otra vez en nuestras vidas), presente en el Congo, Guatemala o Costa de Marfil para ayudar a «lidiar con transiciones difíciles mientras persigue la justicia».

Nos decían que nuestra transición era modélica y ahora la van a ‘justicionar’; y lo van a hacer, en nombre de «los nietos», socialistas, comunistas y nacionalistas, que ya determinaron la anterior, como demuestra la novedad mundial del Estado autonómico y las nacionalidades. Nos hicieron una transición y ahora nos van a hacer otra, y las dos con parecido pilotaje exterior.

El informe no habla solo de justicia o reparación, también de ‘verdad’ y de un principio llamado ‘garantía de no repetición’ para el que «la educación es un instrumento poderoso». La de los jóvenes, por supuesto, pero también la formación judicial y de los militares. El objetivo es que no se repita, pero que no se repita el 18 de julio. Del exterminio de religiosos y del asesinato de la oposición no viene nada.

Aunque haya cosas que puedan sonar bien, como que la búsqueda de cadáveres no venga instada, sino que sea una iniciativa de la administración, no es el único ni es el objetivo final del proyecto, que pide «una política de Estado para la verdad», en la que ya no cabe el entendimiento clásico de la Guerra Civil.

Lo resume Stanley Payne: «El nuevo proyecto representa la ambición de dominar completamente la discusión histórica y la política, junto a todo el sistema de enseñanza, abarcando a los tribunales, y con eso a todo el Estado de derecho».