Las normas legales se tienen que cumplir, pero siempre que no invadan competencias o sean inconstitucionales. Por ello, es fundamental que este real decreto-ley sea recurrido para que no se repita lo sucedido con el Estado de Alarma, que fue un despropósito jurídico y político. En España impera el Estado de Derecho y por tanto no se puede tolerar ningún exceso o arbitrariedad, aunque los fines puedan ser buenos. Es inquietante que se adopten medidas de dudosa legalidad y que a algunos políticos no les importe si se violenta el ordenamiento constitucional. Es también preocupante ese intervencionismo, impregnado de un insufrible paternalismo, que considera que han de reglamentar nuestra existencia, porque no somos capaces de ejercer nuestros derechos y obligaciones con sentido común. Les gusta demasiado pasar de las recomendaciones a las imposiciones, para lanzarse luego contra aquellos que discrepen del pensamiento único. Es suficiente con que el Gobierno apruebe algo, para que la izquierda política y mediática lo considere un dogma de obligado cumplimiento. A pesar de que muchos son ateos o agnósticos muestran un fervor religioso hacia el poder. Las medidas del plan energético son confusas, invaden competencias, son una intromisión injustificable y todo indica que serán poco efectivas. Otra chapuza.