Otro pacto del Tinell

La semana pasada Rubalcaba, Duran i Lleida y los portavoces parlamentarios del PNV, IU, BNG, CC, Amaiur, Geroa Bai y Compromís-Equo, es decir, todos los grupos con presencia en el Congreso, excepto UPyD, firmaron un documento en el que se comprometen a derogar la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), que aún no ha sido promulgada, en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura. Si es que entre todos ellos tienen la mayoría necesaria para proceder a esa derogación, habría que añadir. También habría que añadir que este documento será una razón más para que los electores no voten a los partidos que, con esta firma, han dado una muestra evidente de sectarismo y de irresponsabilidad ante la situación actual de la educación en España.
Porque, se pongan como se pongan estos grupos políticos, la educación en España está en una situación que como mínimo hay que calificar de alarmante y que muchos no dudamos en considerar como muy grave. No sólo son todos los indicadores nacionales e internacionales los que certifican el bajo nivel de nuestros alumnos; hay un dato irrevocable que demuestra que los años de escolarización no están dando los frutos que deberían, y es el del paro juvenil. Cuando se llega al 57,2 por ciento de paro juvenil, que es siete veces más que el paro juvenil de Alemania, no se puede culpar sólo a la crisis económica, hay que aceptar que nuestro sistema educativo no funciona porque no prepara a los alumnos, que pasan como mínimo trece años en las aulas –de los tres a los dieciséis– para adquirir los conocimientos y las destrezas necesarias que les permitan después encontrar un trabajo.
Sin embargo, a los firmantes de este documento (que recuerda enormemente al desdichado y siniestro Pacto del Tinell de 2003, cuando los partidos del tripartito catalán se comprometieron solemnemente a no llegar nunca a ningún acuerdo con el Partido Popular) ese estado calamitoso de la educación en España después de treinta años de leyes socialistas les da igual. Y prefieren que todo siga como hasta ahora.
Y les da igual y reaccionan con esa furia contra cualquier cambio porque los nacionalistas y los socialistas consideran la educación como un arma para modelar la ideología de los alumnos, y no como un proceso para que los alumnos se preparen para la vida y para vivir su vida con libertad de pensamiento y con capacitación profesional.
Ya sabemos cómo utilizan los nacionalistas la educación para que sea una factoría de más nacionalistas, al inocular la desafección, cuando no el odio, a todo lo que sea España o español, empezando por la lengua.
Mientras que socialistas y demás grupos de izquierda quieren una educación igualitarista, que erradique el esfuerzo y el reconocimiento del mérito. Una educación que, en su obsesión por alcanzar la igualdad de resultados, ha rebajado la exigencia hasta dejarla en lo mínimo y, así, ha acabado con la igualdad de oportunidades, porque ahora sí que tienen muchas más ventajas los alumnos de familias económicamente más privilegiadas, que pueden encontrar en instituciones privadas, y muchas veces extranjeras, lo que no les da el actual sistema educativo español.
Nacionalistas y socialistas consideran un coto cerrado, propiedad de ellos, el mundo educativo. Y de ahí que reaccionen con este sectarismo histérico cuando alguien pretende modificarlo en lo más mínimo.
Les da igual que el ministro Wert se haya llenado de razones y haya extremado las cautelas a la hora de elaborar esta ley, que nadie puede tildar de apresurada (recuérdese cómo Zapatero, que llega al poder en abril de 2004, tarda un par de semanas en promulgar un decreto que paralizaba la ley de la Calidad de Enseñanza, que fue el anterior intento del PP de arreglar el desaguisado socialista que sufren ya muchas generaciones de alumnos españoles).
A nacionalistas y socialistas les da igual que las familias españolas quieran y necesiten, más que nunca en tiempos de crisis, una educación de calidad para sus hijos. Consideran que la educación es su coto privado y, según ellos, le está vedado a un gobierno con holgada mayoría absoluta tocar una coma del marco normativo que ha destrozado la educación en España.
Y para vergüenza última de Rubalcaba, le ha dado igual firmar con Amaiur un documento en contra de una decisión soberana del pueblo español. Porque él sabe de sobra que la Lomce es consecuencia de un compromiso expreso del Partido Popular con sus electores. De la misma forma que sabe, porque ha sido ministro del Interior y ha presumido de saberlo todo de todos, que Amaiur no es más que una marca –y no muy blanca– de ETA.
La existencia de este documento será un argumento de mucho peso para no votar nunca a sus firmantes.