Un miserable pacto para repartirse el control de RTVE. Recordarán los ríos de tinta vertidos en torno al pretendido concurso de méritos anunciado en 2017 (Ley 5/2017, de 29 de septiembre) y destinado a “recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”. Despolitizar y profesionalizar el Ente, única forma de elevar el prestigio de una institución degradada por el manoseo partidista. Pura filfa. En el nuevo Consejo de Administración que conocimos el jueves ha entrado un comunista que dirige Mundo Obrero; un sindicalista ligado a CCOO, porque son los sindicatos los que mandan en RTVE; una señora del PSOE que representa los intereses de los amigos de Zapatero que se forran con la externalización de programas; un señor y una señora del PP “que han sido elegidos porque ya están en la casa; no hay más” (explicación del PP), es decir, por su fidelidad al partido; un señor del PNV exdirector del diario Deia, y así sucesivamente.

Los aspirantes más cualificados a la presidencia renunciaron de plano a ocupar una de esas vocalías en el Consejo en cuanto supieron que el “gordo” ya estaba adjudicado. Con 900 euros brutos de retribución al mes y un régimen de incompatibilidades bastante estricto, o no tienes dónde caerte muerto o eres un tipo de fidelidad probada a la cuadra a la que perteneces o ambas cosas, lo que en cualquier caso implica comportarte como un chico bien mandado a las órdenes del amo. Es la realidad de unos nombramientos que deberían llenar de vergüenza a los jefes de filas de los partidos. PSOE, PP, Podemos y PNV se han quitado las caretas. Ya ni siquiera disimulan. La desvergüenza es total. Se trata de colocar comisarios por delegación sin exigencia de cualificación moral o profesional, dispuestos a seguir a rajatabla las directrices que les lleguen desde el puente de mando de cada grupo.

De modo que nada ha cambiado en RTVE. Y nada va a cambiar a mejor, aunque todo podría pudrirse un poco más. Una televisión pública cuya plantilla se acerca a las 6.300 personas (el doble de las de Mediaset y Atresmedia juntas), con un presupuesto cercano a los 1.000 millones, la mitad de los cuales se va en pago de salarios, que anualmente sostienen los Presupuestos Generales del Estado, es decir, el dinero de los contribuyentes; una televisión, convertida en un fortín sindical, que no ve casi nadie, porque difícilmente una mente aseada puede soportar espectáculos de sectarismo como los que de buena mañana protagoniza la tal “Isobaras”, la señora que antaño se encargó de contarnos el tiempo en el telediario de la noche, y que después continua el tal Cintora, uno de los periodistas más sectarios que pueblan el horizonte mediático hispano.

Difícil entender el volantazo protagonizado por un Pablo Casado que se ha hartado en los últimos tiempos de denunciar la imposibilidad de llegar a pactos “con un tío que te va a engañar seguro y que, además, gobierna con comunistas, separatistas y bildutarras”. Ya hemos llegado. Ya hemos “tragao”. Y lo hemos hecho no para regenerar las instituciones, no para despolitizarlas y profesionalizarlas, sino para ocuparlas con fines partidistas. Como siempre. El cambio operado en el PP es tan llamativo que algunos sospechan la existencia de algún dato desconocido, un pacto para que la dirección de Informativos recaiga no en un hombre del PP, Dios nos libre, sino en un profesional medianamente íntegro e independiente, porque en otro caso no se entendería que el centro derecha haya aceptado el papel de comparsa en un viaje en el que va a seguir mandando Pedro Sánchez y su socio de Gobierno, ese Pablo Iglesias solo interesado en “el control de los informativos”; no se entendería, Pablo, porque para eso bastaba Soraya.

Y detrás de RTVE viene lanzada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todo parecía atado y bien atado hasta que el viernes se produjo un nuevo parón. Como de costumbre, Sánchez salió a escena para culpar al PP del repentino desacuerdo. La verdad es que el PSOE, que no Podemos, se ha enrocado en un nombre, José Ricardo de Prada, juez responsable de la sentencia de la Gürtel que echó de la presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy con un argumento falaz. Un juez ideologizado hasta la náusea que puso a Sánchez en bandeja la excusa para la moción de censura. Un juez, en suma, que hizo presidente a Sánchez y con quien ahora Sánchez está obligado a cumplir. Y un peaje por el que difícilmente puede pasar Casado so pena de bajarse las calzas hasta los zancajos… o sí. Hay, además, otra cuestión tanto o más relevante en discusión: el nombre del presidente del CGPJ, que a su vez lo será del Tribunal Supremo y cuyo voto de calidad es de suma importancia a la hora de decidir votaciones y realizar nombramientos. El cinismo de nuestros partidos llega al extremo de adjudicar el cargo antes de que los vocales se reúnan en pleno para proceder a su nombramiento (ocurrió en 2008 con Carlos Dívar y en 2013 con Carlos Lesmes), pero se cuidan muy mucho en hacerlo público antes de tiempo para evitar el escandalo consiguiente.

El PP tendrá que explicar muy bien –algo que no es su fuerte- los argumentos que de repente le han llevado a participar en la fiesta de estos obscenos repartos de cargos entre partidos

El PP insistía ayer mismo en que no se sentará a negociar si Sánchez no retira el nombre de De Prada, porque esa es una línea roja que Casado no podría traspasar so pena de quedar arrumbado definitivamente para la política y la historia. Porque, de nuevo, para eso bastaba Soraya. En Vox sostienen que en ningún caso se puede negociar la renovación del CGPJ con un Gobierno cuyo objetivo más o menos explícito reside en la ocupación de una Justicia hoy convertida en el último dique contra el desmantelamiento del régimen del 78, pero en Génova ha terminado por imponerse la idea de que es insostenible la situación de un CGPJ cuyo mandato lleva expirado más de dos años. En todo caso, el PP tendrá que explicar muy bien –algo que no es su fuerte- los argumentos que de repente le han llevado a participar en la fiesta de estos obscenos repartos de cargos entre partidos, en los que, además, corre el riesgo cierto de quedar retratado como simple compañero de viaje o tonto útil.

Seguramente no tenga ocasión ni de explicarse. Algunas fuentes se maliciaban ayer que Sánchez podría aprovechar el veto radical del PP al magistrado De Prada para proceder, con su socio Podemos, a activar la vía de urgencia para reformar el órgano de gobierno de los jueces, un argumento con el que viene amenazando a Casado desde antes de fin de año, martingala que dejaría al PP fuera de juego. Con el problema, o el drama, añadido de que Casado ya ha perdido la “inocencia” al admitir a Podemos en el reparto de la tarta de RTVE, de forma que difícilmente podrá seguir utilizando esa muletilla para justificar su negativa a pactar el CGPJ. El espectáculo de estos tejemanejes deja tras de sí la evidencia de la extrema debilidad de nuestra democracia, con unas instituciones diariamente arrastradas por el barro de los intereses partidarios. No hay la menor posibilidad de regeneración democrática, algo que sabíamos de sobra, cierto, pero que este “ganado” se encarga puntualmente de recordarnos.

El espectáculo de estos tejemanejes deja tras de sí la evidencia de la extrema debilidad de nuestra democracia, con unas instituciones diariamente arrastradas por el barro de los intereses partidarios

Posdata 1. El Emérito y sus obras completas siguen cabalgando sobre el techo de cristal de la Corona, haciendo añicos el relato de la Transición y mancillando el paisaje de esta España atragantada por mil soledades. Dicen que ha llamado a la puerta de amigos muy singulares para pedirles dinero con el que pagar a Hacienda, lo cual que todo suena a farsa de mercadillo de los jueves: el rey millonario tratando de hacerse pasar por “er probe Manué”. Un montaje dicen que ideado por el amigo del alma y socio de aventuras Alberto Alcocer. Probablemente todo sea un intento de esquivar al fiscal suizo Bertossa, lento pero seguro, y cubrirse allí de un eventual delito de blanqueo, “porque en España nadie le va a acusar de nada”. El estallido de esta nueva “regularización” no hace sino ponérselo cada día más difícil a Felipe VI. Curiosa la obstinación en demoler los cimientos de una institución que encarnó en primera persona. Carlos IV y su hijo Fernando. ¡Borbones! La regularización, y los intentos de regresar a España, alboroto que sus cortesanos se encargan de pregonar por Madrid cada dos por tres. “Él quiere venir en marzo por algún tipo de festejo que tiene agendado, pasar aquí unos días y volverse a marchar; sobre todo quiere convertir en norma el mensaje de que Juan Carlos I, el rey putero y ladrón, puede entrar y salir de España sin problema cuando le pete”. Pobre Felipe VI.

Posdata 2. La noticia del ERE que prepara El Corte Inglés (ECI) es una radiografía en cuerpo entero de un país que se cae a pedazos. ECI como símbolo, quintaesencia de la España de clases medias que durante años se enorgulleció pisando sus tiendas y exhibiendo su condición de nuevo rico. “La repentina riqueza de los pobres de Kombach”. El ERE de ECI es el viaje a ninguna parte de un país que sigue viviendo de espaldas al escenario de paro y pobreza que la crisis de la covid nos tiene reservado. La pandemia y la fatal arrogancia de un Gobierno inane. País sin pulso, que sentado en la solana de un invierno frío espera como agua de mayo la lotería de esos fondos europeos que han de devolvernos a la condición de nuevos ricos. Como en los tiempos de la burbuja. País apegado a la teta del gasto público, incapaz de acometer reformas para liberalizar, para crecer y crear empleo, para enaltecer las vocaciones empresariales. País sin horizonte, en manos de canallas y desaprensivos. Ojalá El Corte Inglés remonte pronto el vuelo como el Ave Fénix de una esperanza que nunca debe perderse.