ABC-IGNACIO CAMACHO

No es posible una sociedad sana en un clima de impunidad moral putrefacta que normaliza los homenajes a los canallas

SÓLO la Justicia podrá establecer si Josu Ternera participó personalmente en algún atentado de ETA o dio la orden de cometer crímenes sanguinarios como los de Hipercor o la casa-cuartel de Zaragoza. Lo que no está sometido a discusión es su responsabilidad como dirigente de la banda armada durante muchos años –algunos de ellos en incomprensible comisión de servicio en instituciones democráticas–, ni su condición de líder de los terroristas vascos hasta el momento mismo de su detención la semana pasada. Tampoco admite duda que el enaltecimiento, apología o justificación del terrorismo constituye un delito tipificado en el Código Penal vigente junto con el de menosprecio o humillación a las víctimas y sus familiares. Alguien debería explicar, por tanto, la razón por la que ni la Audiencia Nacional ha prohibido ni la Fiscalía ha denunciado el homenaje que los paisanos del pistolero recién arrestado le tributaron este sábado en su pueblo natal de Miravalles ante la inaceptable tolerancia de la justicia y de las autoridades.

Serían pacifistas. Como Otegui. Gente apacible que celebraba la contribución de Ternera, ese «héroe de la retirada» según el socialista Eguiguren, a la «normalización» de Euskadi. Alguna razón tienen porque allí se ha convertido en normal que los asesinos que salen de la cárcel –la mayoría sin muestra alguna de arrepentimiento– sean recibidos en sus localidades de origen como si fuesen prisioneros de guerra recién liberados. Porque esa venturosa tranquilidad social que ahora se respira en las pujantes capitales vascas contrasta con la atmósfera opresiva, propia de la novela de Aramburu, que continúa imperando en las comarcas de hegemonía abertzale. Porque muchos antiguos (?) etarras ocupan cargos públicos o figuran en las candidaturas electorales. Y porque la historia del fin de ETA la están contando sus legatarios políticos como si tratara de una especie de empate. Quién podría negarles la «normalidad» de ese desenlace cuando los diputados de Bildu votaron la moción de censura –y aún están dispuestos a repetir en la próxima investidura– para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez.

El día del apresamiento de Urruticoetxea, muchos ciudadanos españoles sintieron ante este panorama un inevitable pellizco de suspicacia sobre la posibilidad de que el jefe terrorista, enfermo de cáncer, protagonice en el futuro otro caso Bolinaga. Puede que ni siquiera llegue a plantearse la cuestión si, dada su edad y sus expectativa de vida, cumple los ocho años de condena que tiene pendientes en Francia. Por eso es importante que la memoria, el dolor y la dignidad de las víctimas, que simbolizan a toda una nación agredida, queden a salvo de humillantes tergiversaciones en el relato de la infamia. No es posible una sociedad sana en un clima de impunidad moral putrefacta que concede honores patrióticos a un manojo de canallas.