EL PERIÓDICO 08/02/15
ROGELIO ALONSO
· Hace falta valor, liderazgo y voluntad política para una estrategia que vaya más allá de la propaganda
El pacto contra el yihadismo es un acto de propaganda insuficiente para blindar al Estado ante tan seria amenaza. No aporta medidas concretas, solo promesas genéricas que son por ello de dudosa eficacia para prevenir y perseguir este terrorismo. Pese a los análisis que los servicios de inteligencia han trasladado durante años sobre el peligro yihadista, solo los atentados de París han provocado la reacción del Gobierno anunciando justo ahora medidas que, asegura, fortalecerán nuestra seguridad. Si ahora el Gobierno juzga necesarias nuevas iniciativas -que sin embargo no detalla-, evidencia que no estamos suficientemente preparados, que se requieren acciones estratégicas y no solo palabras.
También llega tarde el plan contra la radicalización anunciado la semana pasada tras su elaboración por excelentes profesionales de fuerzas y cuerpos de seguridad a comienzos de legislatura. Estos contemplan decepcionados cómo otros países llevan años aplicando planes estratégicos contra la radicalización que son periódicamente evaluados y revisados. Se vende como un éxito un plan cuya importancia radica en su aplicación efectiva, aún pendiente, y no en su mero anuncio cuando la legislatura encara su recta final. Si en todo este tiempo el Gobierno no ha aplicado un complejo plan que exige una delicada coordinación en tres niveles de la Administración -estatal, autonómica y local-, ¿lo hará un año en el que cambian todas esas estructuras? Frente a la autocomplacencia tras su publicación, debemos analizar por qué se han perdido tantos años y qué debe hacerse para que tan importante plan sea viable de verdad y no una simple baza propagandística. Solo se podrá aplicar si el Gobierno asume que debe liderar con un arrojo hasta ahora ausente un proceso que requiere planificación, amplia dotación presupuestaria, personal y una intensa pedagogía sobre las diversas facetas de los riesgos y amenazas que el islamismo radical comporta.
Idéntica determinación requiere la Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional aprobada en el 2012 sin que el Gobierno desarrollara luego la mayoría de los instrumentos contemplados en ella. De nuevo el riguroso trabajo de los profesionales de la seguridad que lo diseñaron se ve cercenado por la falta de impulso gubernamental para liderar el desarrollo de mecanismos necesarios para nuestra protección. Estos antecedentes y la lectura del pacto sugieren que este no pretende reforzar la política antiterrorista sino obtener una fotografía que mejore la imagen de los firmantes. Las genéricas promesas a futuro del texto suscitan inquietantes interrogantes: ¿a qué se reduce pues la acción de gobierno en la lucha contra el terrorismo en tres años más allá de explotar la extraordinaria labor de policías y servicio de inteligencia que trabajan con recursos limitados?
Incluso al concretar ligeramente, prometiendo tipificar «los delitos de terrorismo, con independencia de que se realicen o no en el seno de un grupo u organización terrorista», o «la captación y el adiestramiento», revela problemas: las reformas previas de nuestro ordenamiento han tipificado ya delitos como el terrorismo individual -aplicable a los lobos solitarios-, la captación, el adoctrinamiento y el adiestramiento. Como si la preocupación de los firmantes fuera aparentar firmeza con frenesí legislador, se ignora que nuestro Código Penal cubre ya un amplio espectro de actividades terroristas. Que el desafío al que nos enfrentamos quizá no requiere nuevos tipos penales, sino aplicar correctamente los ya existentes, así como otras sanciones administrativas que la policía reclama -entre ellas la negación y revocación de nacionalidades y permisos de residencia a los radicales-, medidas de control de estos cuyo incumplimiento tenga repercusiones penales, y regular el uso de fuentes humanas, además de un considerable refuerzo de los recursos materiales y humanos para que las fuerzas de seguridad obtengan pruebas judicializables de mayor calidad. O sea, buena inteligencia que les permita aplicar esos tipos, cuyos límites debe fijar la jurisprudencia.
Los rasgos del yihadismo entorpecen sobremanera las investigaciones incrementando las dificultades probatorias, de ahí que sea esta una de las dimensiones fundamentales que debe fortalecerse. Precisamos con urgencia una sustancial reforma de nuestras estructuras de seguridad que los decisores políticos deberían atreverse a acometer siguiendo las advertencias de los profesionales que directamente padecen las consecuencias de un sistema de inteligencia anticuado y necesitado de drásticos cambios. Este desafío requiere valor, liderazgo y una verdadera voluntad política para desarrollar una estrategia antiterrorista que no limite el combate contra tan grave amenaza a meras fotos propagandísticas.