Pacto de sangre

· Las excarcelaciones son un aliviadero solo fugaz para ETA y para la izquierda abertzale.

Amedida que transcurre el tiempo se van despejando más incógnitas sobre cómo se desarrollará el final definitivo de ETA; incluso aun contemplando como una hipótesis a tener en cuenta la eventualidad de que ETA nunca desaparezca formalmente. La diatriba sobre la aplicación de la ‘doctrina Parot’ y su anulación por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos da paso ya a la posibilidad atisbar sus consecuencias. De entrada, sus efectos y las reacciones que suscita nos dan una cierta idea de cómo podría acabar el tan manido problema de los presos, de los que quedarán en la cárcel.

Cabe predecir que cumplirán sus condenas íntegramente –es decir, beneficiándose de redenciones y progresiones de grado, pero sin indultos ‘amnistiadores’– a cambio de no reconocer nunca el daño causado ni mucho menos retractarse públicamente de su trayectoria. Esos parecen los términos del ‘trueque’ que se está produciendo de facto. El Estado y la ley no pueden obligar a nadie a que se arrepienta de sus actos y a que pida perdón a sus víctimas. Lo que contribuye a que el condenado por terrorismo tienda a solazarse pensando que el arrepentimiento sería una indignidad, cuando ni siquiera se ve en la necesidad de justificar su trayectoria violenta porque se explica por sí misma ante los suyos. Además, las ventajas penitenciarias que ofrece renegar del pasado –léase ‘vía Nanclares’– no compensan el alto precio que ha de pagarse por la deserción: acabar confinado en tierra de nadie.

La sentencia del TEDH resultaba inevitable. Estaba anunciada de antemano como la evidencia de hasta qué punto la política antiterrorista había instrumentalizado la normativa penal y penitenciaria. La incomodidad expresada en público o en privado por magistrados y juristas frente a la ‘doctrina Parot’ eclosionó tras la resolución, de modo que su ineludible cumplimiento se convertía en el mejor asidero para eludir una discusión por otra parte ya inútil.

El ‘fair play’ que ayer mostraron el juez Bermúdez y la letrada Amaia Izko –defensora de Inés del Río– invitaba a pensar en cuánto de juego de posiciones encierra el debate leguleyo al respecto, cuando el primero insistía en la vigencia ontológica de la ‘doctrina Parot’ a pesar de que no pueda aplicarse legalmente porque Estrasburgo la ha «destrozado», y la segunda negaba legitimidad a los deudos de las víctimas directas de los excarcelados para increparles en el momento de su salida de prisión, sin duda porque al actuar así no han incurrido en ilegalidad alguna.

Las excarcelaciones se convierten en el aliviadero de la presión que la aplicación de la ‘doctrina Parot’ suponía para la izquierda abertzale y para ETA. Hasta sus últimos logros electorales, que le han procurado el gobierno de numerosas instituciones, palidecían ante su incapacidad para acabar con semejante oprobio para sus homenajeados. Aunque la carga de la prueba pesaba ante todo sobre los últimos restos de ETA, que hace dos años había declarado el cese definitivo de su actividad armada sin ni siquiera asegurarse a cambio el final de la ‘doctrina Parot’. Ya están libres.

Pero en tanto que su libertad devuelve las aguas al cauce del Estado de Derecho es presumible que no habrá concesiones. La ‘conquista de Estrasburgo’ en ningún caso da pie para que quienes se consideren justos vencedores del duelo alberguen la esperanza de proseguir con éxito en el empeño de que «el Gobierno se mueva». Todo lo contrario, las salidas de prisión de medio centenar de reclusos pospone cualquier otra demanda e invita a los recién liberados a pasar lo más desapercibidos posible. Porque de su discreción dependerá la suerte de quienes continúan en la cárcel. De su discreción y del permiso que la trama terrorista conceda a sus presos bajo disciplina para que puedan acceder a beneficios penitenciarios menores, en tanto que inservibles como reclamación o conquista susceptible de dar pábulo a la resistencia etarra.

La sentencia de Estrasburgo desestabilizó internamente al PP, que no solo se ha mostrado incapaz de hacerla suya sino que desde el primer momento derivó la responsabilidad de su ejecución al ámbito judicial, haciendo de tan escrupulosa formalidad un argumento para lavarse las manos. Pero el aprieto de los populares, que ayer reflejó Arantza Quiroga en la Cámara de Vitoria, forma parte de una sociedad que, aun desde la indiferencia o el hastío que provoca el asunto, no está dispuesta a soportar cualquier cosa.