El primer día de este mes el lehendakari Iñigo Urkullu reclamó en el Parlamento vasco que el proceso de negociación de la futura ley que ordenase la educación en nuestra comunidad fuese ordenado, discreto y veraz. Palabras importantes, que conviene tener en cuenta.

Porque ordenar supone seguir una determinada pauta. Y ahí surge una primera dificultad, dado que el criterio se desconoce. ¿Se pretende un acuerdo político para un posterior pacto escolar, como diseñó en su momento el consejero Fernando Buesa? Y si esto es así, ¿se busca sustituir el acuerdo originario PNV-PSE-EE, por otro basado en un acuerdo PNV-EH Bildu, como afirman dirigentes de esta última formación? ¿O bien se procura «ensanchar el consenso», como explicaba el lehendakari el mismo día y en el mismo lugar? Y ensancharlo… ¿con quienes se quedaron en sus aledaños o con quienes se situaban en sus antípodas?

¿Se proyecta partir de un pacto político o, por el contrario, de un acuerdo previo entre agentes educativos? Si se persiguiese el encuentro de la comunidad educativa, el marco institucional correcto, por ley propia y específica, sería el Consejo Escolar de Euskadi, y no (por mucha afinidad ideológica que exista) el organizado por una institución para la que estudiar la educación vasca es, como mucho, un elemento más entre otros. Y sin embargo, el análisis preciso es una cuestión capital.

Empezando por analizar qué se pretende. Cuando se trata de que la educación tenga al euskara como eje central no se está perfilando una ley educativa. Se está desarrollando (quizás en distinto sentido) la Ley de 1982 de Normalización y Uso del Euskara. Una ley para mejorar la educación solo puede pivotar sobre el alumno o alumna, y su fin no puede ser otro que su pleno desarrollo personal e inserción social.

No puede partir de un texto como el presentado el pasado junio que, sin alterar su contenido, pasó de titularse ‘Panorámica del sistema educativo vasco’ a denominarse ‘Diagnóstico del sistema educativo vasco’. Una panorámica es simplemente una mirada. Un diagnóstico es mucho más, identifica los problemas y las claves para su tratamiento. Y exige examinar todas las pruebas realizadas. Por eso es pertinente la solicitud de información documentada formulada por el grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU relativa a los informes de resultados de la ampliación de la muestra realizada en el País Vasco del informe Pirls 2016, de PISA 2018 y de la Evaluación de Diagnóstico correspondiente a 2019, y que pese al tiempo transcurrido no se han publicado.

Porque hay dos problemas que sobresalen en la educación vasca y que ninguna discreción debiera ocultar: la crisis de resultados que se arrastra en los últimos diez años y la segregación escolar, una de las más altas de Europa. Según el INE, el País Vasco es, junto con Navarra, la comunidad autónoma con menor riesgo de pobreza (la mitad de la media española). Pero el estudio sobre Diversidad y Libertad de Esade-Save the Children del mes de abril alertaba de que, después de Madrid, Euskadi es la comunidad autónoma con mayor segregación escolar socioeconómica en ESO, muy por delante de la media de España y la OCDE.

Ciertamente, el gasto educativo de la Administración vasca no es el deseable, no solo por su cuantía insuficiente, sino también por su ineficiencia. Con 6.720 euros por alumno/a en 2018 (último año con datos comparativos) el País Vasco era la comunidad autónoma con mayor inversión, por encima de la media, que se situaba en 5.163 euros según datos del Ministerio de Educación. Sin embargo, ese mismo año era superado en el estudio PISA por siete comunidades autónomas en competencia científica.

Los datos hechos públicos por CC OO el pasado año indicaban que el País Vasco mantenía el módulo de concierto a la enseñanza privada más alto de todo el Estado, después de Navarra, 71.252 por aula en Enseñanza Primaria frente a 40.235 euros en Aragón por ejemplo. No obstante, el promedio de la cuota que de forma irregular deben pagar las familias que acuden a estos centros es menor en aquella comunidad (36 euros mensuales) que en el País Vasco (84 euros al mes de media), según el informe hecho público hace pocos días por Ceapa y Cicae. Al parecer, una financiación un 77% superior no posibilita avances en gratuidad.

Cuando se difundieron los primeros resultados del estudio internacional Pirls 2016 de Comprensión Lectora, en el que el País Vasco apareció en el último lugar de las comunidades que habían pedido una muestra ampliada (tras Madrid, Asturias, La Rioja, Castilla y León, Andalucía y Cataluña), la entonces consejera Cristina Uriarte consideró que «eran previsibles». Quizás por ello las investigaciones ya no se exhiben en la página del Departamento de Educación. Pues bien, en este debate es imprescindible conocer si estos informes hurtados a la vista pública corroboran la gravedad. La veracidad reclamada impone situar todos los datos sobre la mesa, también los encerrados en los cajones.