María Guardiola y el equipo de Génova que se ha tragado esa cláusula explican que es sólo una ‘cesión narrativa’ abstracta, una concesión teórica sin relevancia porque, en efecto, las leyes vigentes impiden su concreción en una autonomía sin competencias para implementarla. Pero esa débil excusa interpela al liderazgo nacional, que llegado el caso será el que deba decidir si la incorpora a un eventual pacto para gobernar España. Porque la formación de Abascal no sólo ha dicho que la exigirá, sino que constituye una parte crucial de su programa y por tanto una cuestión innegociable en cualquier alianza. De aquí a las generales, Feijóo deberá explicar a los ciudadanos hasta dónde considera que una fuerza de inspiración liberal y democristiana puede flexibilizar su sensibilidad humanitaria y desafiar el ordenamiento nacional y europeo con medidas discriminatorias importadas del movimiento MAGA. Medidas que por otro lado hasta el tribunal más conservador proclamaría de inmediato inválidas.

Habría que oír a la derecha en las instituciones y en la calle si el separatismo catalán, o su vertiente criptonacionalista del PSC, pusieran por escrito una declaración semejante: prioridad en el acceso a la vivienda y los servicios públicos para los catalanes. Ayuso, que además de ser bastante más liberal de como la pintan sus adversarios conoce el peso económico, laboral y demográfico de los inmigrantes, lleva tiempo peleando contra la idea de un Madrid cerrado, xenófobo, impermeable al cosmopolitismo de las grandes ciudades. Ella y Moreno, a quien Abascal llama Moruno en un alarde de imaginación deslumbrante, son la prueba de que al populismo se le achica mejor el campo con políticas transversales que aceptando sus marcos de debate. Y si al final los números se quedan cortos y hay que pactar, se pacta por respeto a los votantes, pero sin transgredir principios esenciales. Quizás el desalojo de Sánchez dependa de que el único candidato capaz de ganarle no comprenda esto demasiado tarde.