EL CONFIDENCIAL 24/02/16
· El futuro de las diputaciones provinciales está en el punto de mira del pacto PSOE-C’s. Sin embargo, lo que proponen ya existe, y no ataca la inflación de entes locales
Recordaba hace algún tiempo el catedrático Sosa Wagner que ya en las ‘Sonatas’ de Valle-Inclán el marqués de Bradomín -”feo, católico y sentimental”- se preguntaba para que servían las diputaciones provinciales.
La pregunta, decía con sorna el exeurodiputado de UPyD, continúa viva un siglo después. Solo hay una certeza: hoy representan una potente estructura burocrática -junto a los cabildos insulares– que en 2015 habrá manejado unos presupuestos superiores a los 25.800 millones de euros.
Y lo que probablemente sea más significativo. Su capacidad de influencia política a nivel local (controlando los alcaldes de los pequeños municipios) es determinante. No en vano, gestionan fondos -y subvenciones– que afectan de forma directa a miles de pequeños municipios sin capacidad financiera. Son, por lo tanto, instrumentos clave en el reparto del poder y del empleo público. Y eso es lo que puede explicar que un siglo después la pregunta del marqués de Bradomín continúe sin respuesta.
Ahora lo que han propuesto el Partido Socialista y Ciudadanos es, simple y llanamente, su supresión. Pero con una salvedad. Plantean crear una especie de consejos provinciales de alcaldes con el objetivo de coordinar las políticas locales. Apostando, además, por potenciar las mancomunidades municipales. Ninguna de las dos propuestas es nueva. Son, como dicen en Andalucía, más viejas que el café ‘migao’.
Los consejos de alcaldes, con una función meramente consultiva, ya existen en algunas provincias. De la misma manera, las mancomunidades son hoy una realidad generalizada en todo el territorio nacional. Hasta el punto de que en estos momentos hay censadas 1.023 mancomunidades en el conjunto del país. Tan solo en Castilla y León, cuna del municipalismo desde los lejanos tiempos de Brañosera (Palencia), hay registradas 244 mancomunidades, lo que significa que esa función de coordinación y prestación de los servicios sociales básicos (alcantarillado, servicios sociales o recogida de basuras) ya existe. Y es que la inflación de entidades locales es tal que hoy, según datos del Ministerio de Hacienda, existen 13.023 unidades territoriales de ámbito local, de las que 8.112 son ayuntamientos.
Es por eso que sorprende la idea de crear nuevos instrumentos de coordinación de las políticas locales, cuando, precisamente, lo que sobran son entidades locales, algunas verdaderamente inviables. Y es que el debate sobre el número de municipios españoles parece haber pasado a mejor vida. Qué tiempos cuando Rivera sostenía que había que reducir el número de municipios de 8.000 a 1.000.
Esta solución -la creación de nuevos instrumentos de coordinación que sustituyan a las diputaciones provinciales- puede tener mucho que ver con un asunto de mucho mayor calado político que se obvia en el pacto PSOE-C’s, y que hay que relacionar con el hecho de que las comunidades autónomas puedan asumir sus competencias, lo cual podría alterar el equilibrio de poderes en muchas regiones en las que el poder autonómico es de un partido y el provincial, de otro.
Gestión sin titularidad
Y es que el papel de las diputaciones es tan extraño en términos constitucionales (son muy anteriores a las comunidades autónomas) que uno de sus problemas esenciales tiene que ver con las competencias que prestan sin que la titularidad de las mismas les corresponda. Es decir, son administradoras de recursos ajenos. Este extremo tiene su fundamento legal en una Disposición Transitoria de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Muchas carreteras provinciales, hospitales psiquiátricos o residencias universitarias están en estas circunstancias.
Ese poder ‘delegado’ es el que hace extraño el papel de las diputaciones, una antigualla del pasado que la Constitución dio carta de naturaleza. Sin duda, porque la Carta Magna consolidó el papel de la provincia (artículo 137) pese a que el constituyente también puso las bases del Estado autonómico.
Esta aparente contradicción (la causa de muchas duplicidades y de los conflictos entre los entes locales y los autonómicos) es la que no aborda la reforma constitucional que proponen PSOE y Ciudadanos. Algo que es verdaderamente singular si se tiene en cuenta que también la existencia de la provincia (un mandato constitucional) está en el origen del sistema electoral español, con un claro sesgo en favor de los núcleos de población más pequeños. Es decir, se quiere acabar con la provincia como entidad gestora de los recursos públicos, pero no se aborda su función electoral, cuando los dos partidos han prometido cambios.