IGNACIO MARCO-GARDOQUI-EL CORREO

Ayer se aprobó la Ley de Aportaciones, que regula el reparto de los dineros recaudados por las diputaciones forales entre ellas, los ayuntamientos y el Gobierno vasco. Ya sabe que es éste último el que se encarga muy mayoritariamente del gasto y aquellas las que tienen la responsabilidad del ingreso. Este reparto, en especial la parte correspondiente a las diputaciones, se encuentra inscrito en nuestro ADN autonómico, aunque luego, de cara a nuestras relaciones financieras con el Estado, siempre defendemos lo contrario. Es decir, que han de ser quienes recauden los que gasten. Entre otras razones, porque son quienes mejor saben lo desagradable y difícil que es recaudar. Y si no, que se lo pregunten a Jordi Pujol, quien pudo y no quiso copiar el sistema.

Si se fija en el acuerdo final alcanzado, comprobará fácilmente que se parece muchísimo al que ha estado vigente hasta ahora, lo cual nos muestra lo difíciles que son los repartos de los dineros cuando la cantidad es finita y los intereses respectivos infinitos. Si el euro que cedo va a salir de mi bolsillo camino al tuyo, hay una tendencia natural (¿?) a que me resista al movimiento. No se trata de un problema político, puesto que la ‘norma’ es que el PNV no ceda nunca las responsabilidades de la Hacienda. Podrá ceder lo que sea, incluso la Educación si es necesario, pero la llave de la caja fuerte… de eso ¡ni hablar! Es decir, estas cosas que regula la Ley de Aportaciones se discuten y se arreglan en su casa.

Las diferencias que hacen tan difícil el acuerdo son de orden administrativo. Si usted crea una unidad de gasto, adquiere vida propia y defiende con uñas y dientes sus prerrogativas. No dude de que si se hubiese establecido que el gasto lo realizarían las comarcas, en lugar de los territorios históricos, vería cómo la Margen izquierda, el Duranguesado, Bilbao, las siete cuadrillas alavesas… se enzarzaban en las mismas ásperas discusiones para ver quién tenía más derechos. Unos hablarían de población, otras de población dispersa, otras de desertización industrial y así hasta el infinito.

Si en lugar de ir hacia abajo vamos hacia arriba por la escalera de las administraciones, vemos que estos problemas son muy similares a los que aquejan a las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. Eso que con tanto acierto como desesperación calificaba de sudoku el ministro de Economía de la época, Pedro Solbes. Si se le ha olvidado, no se preocupe, pronto podrá ver un nuevo episodio de la trifulca autonómica: en cuanto empiecen a materializarse las transferencias que obtenga Cataluña en la famosa mesa bilateral. Ya sabe, no es nada personal, son solo negocios.