TONIA ETXARRI-El Correo

  • Pablo Casado está siendo sometido a presiones internas para que apoye el estado de alarma

Con los contagios campando a sus anchas por todo el país, ya se estaba tardando en adoptar medidas más severas para hacer frente al mismo virus que en teoría habíamos vencido en julio. Estábamos mentalizados. Aunque conocer que vamos a estar bajo un estado de alarma hasta el 9 de mayo nos de una sensación de vértigo, cansancio y, sobre todo, miedo que tan solo puede ser contrarrestado con una imagen de dirección política clara frente al enemigo invisible.

El lehendakari Urkullu sorprendió cuando pidió el estado de alarma para todo el país en vez de solicitarlo para la comunidad autónoma que preside. Pero después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazara su plan de prohibir las reuniones sociales de más de seis personas prefirió pedir el estado de alarma sin seguir esperando la reforma legal a la que se había comprometido el Gobierno el pasado mes de mayo y que aún queda pendiente.

Con el decreto que ayer anunció Pedro Sánchez de toque de queda para todos pero adaptado a cada territorio, las comunidades podrán adoptar medidas restrictivas amparadas en el paraguas legal del estado de alarma. Sánchez ni siquiera tendrá que rendir cuentas periódicamente en el Congreso. Ese trago se lo deja al ministro Illa.

Pero quiere amarrar mejor los apoyos para no volver a desgastarse en las prórrogas parlamentarias. El caso es que el PP ya le secundó en las tres primeras prórrogas del estado de alarma. Hasta que en la cuarta se plantó porque no veía ningún sentido ni para las libertades personales ni para la economía seguir avalando medidas tan extremas. Se abstuvo. Y llegó una quinta, con cambio de socios. El PP se pasó directamente al no y Ciudadanos se ofrecía como aliado, además del PNV. Una curiosa alteración del tablero que no le garantiza a Sánchez la estabilidad que necesita.

Ahora el PP se aferra a la necesidad de disponer de un paraguas legal para justificar su pulso con el Gobierno de La Moncloa. Pide la reforma exprés de la ley sanitaria, la orgánica del 86 en materia de salud pública. Estamos ya fuera de tiempo, ¿pero se puede comprometer esta vez Sánchez a cumplir con su palabra? Casado está siendo sometido a presiones internas para que apoye este estado de alarma, sin hacer cálculos políticos, sin quedar condicionado a su viraje en el Congreso cuando rompió con Vox en su moción de censura. ¿Se puede seguir siendo duro con el Gobierno aunque el PP haya recuperado un discurso de centro? Claro. ¿Se pueden apoyar las medidas excepcionales del Gobierno de Moncloa por razones sanitarias sin dejar de ser oposición? Ya lo hicieron. En tres ocasiones.

La lucha contra el Covid, en nuestro país, lleva un sello partidista. Marca de la casa. El Gobierno «progresista» que quiere Presupuestos «progresistas» y que aprovecha la ocasión para marcar territorio con las comunidades del PP ha hecho mucha política por la puerta trasera de la pandemia. Las heridas siguen abiertas después del pulso bochornoso entre La Moncloa y el Gobierno de Madrid. Habrá que ver si los toques de atención de Europa por su plan de controlar el Poder Judicial provocan una rectificación más allá de las promesas. Pero cuando se gobierna desde la ideología en una crisis como ésta que nos está devastando salen perjudicados los ciudadanos. Se lo acaba de advertir el Papa Francisco a Pedro Sánchez en la audiencia que mantuvieron en el Vaticano. «El sectarismo ideológico destruye la patria, no la construye». Pero Sánchez, que asegura que su gestión obedece a criterios científicos, aunque no exista un comité de expertos, y que su pulsión no es política, no se habrá dado por aludido.