EL MUNDO 28/10/13
CARLOS CUESTA
Era previsible el golpe a la doctrina Parot. Tan previsible que fue prometido ya en las actas de ETA como parte de la negociación entre el Gobierno de Zapatero y los terroristas. Y, como todo el resto de aquellas promesas, se ha cumplido. Porque cada una de las ofrendas realizadas a los asesinos se ha materializado: dentro de nuestras fronteras, gracias a gente como GómezBenítez o algunos miembros del Constitucional. Fuera, a través de LópezGuerra.
¿Y cuál es el resultado? Un nuevo triunfo de esa ETA que ya no mata pero no deja vivir. De ETA frente a las víctimas, frente a la Justicia que avaló la doctrina Parot, y frente a España.
Pero lo cierto es que este triunfo no es únicamente de ETA. Lo es igualmente de todo el independentismo que no dudó en negociar con ETA su «normalización». Por eso ETA pactó primero con PNV, después con la ERC de Carod-Rovira y más tarde con aquel PSOE que fraguó en el Tinell su avance hacia el nacionalismo y alejamiento del bloque constitucional.
Y por eso, como en un tándem, unas veces es uno de los polos nacionalistas el que pedalea, otras el segundo, y en ocasiones los dos a la vez.
Una estrategia delicadamente diseñada cuyo máximo exponente no es otro que la voladura de la actual Constitución, tal y como ya plantea el PSOE.
Hoy es la Generalitat quien lidera este proyecto. Y mañana será Otegi quien, si no lo impedimos, tome el relevo radical en el País Vasco. Unos plantearán la consulta soberanista; los otros la declaración unilateral de independencia. Pero ambos cabalgarán de la mano hasta conseguir su objetivo: la ruptura de esa Carta Magna que les obliga a seguir dentro de la unidad nacional.
Por eso es tan importante para ellos el debilitamiento de las instituciones. De la Justicia, del Constitucional, de la Fiscalía, de la presencia del Estado en cada rincón de España. Porque estas instituciones, que deberían ser los resortes del imperio de la ley, quedarán impotentes para exigir el respeto de la Constitución tras su debilitamiento moral. Y eso ya está ocurriendo.
El Gobierno del PP tiene la responsabilidad histórica de frenar esta carrera de relevos, como bien la ha definido MayorOreja. De acabar con el reto soberanista en Cataluña y de expulsar de las instituciones a los proetarras. Porque, en caso contrario, es muy posible que el camino hacia la ruptura de España llegue al punto de no retorno.