ETA sigue existiendo, aunque esté temporalmente en tregua, y a pesar de los avances en la posición de Batasuna no se ha acreditado la ruptura entre las dos organizaciones. El anuncio de esta semana es un primer paso, pero no es aún nada definitivo. Así que está plenamente justificada la decisión del Gobierno de no legalizar el nuevo partido y enviar la documentación a la Fiscalía para que sean los tribunales los que resuelvan.
Durante la tregua de ETA del 2006, los socialistas pidieron a Batasuna que hiciera un mínimo esfuerzo para conseguir la legalización. Le prometieron la máxima flexibilidad a la hora de examinar sus documentos y que ni siquiera tendría que condenar a ETA. Una Batasuna ilegal complicaba las conversaciones con el PSOE y el Ejecutivo prefería tener un interlocutor dentro de la ley.
ETA consideraba que pedirle a Batasuna que se legalizara era un chantaje inaceptable del Gobierno y los dirigentes del partido se crecieron. Lo cuenta Arnaldo Otegi en el libro El triángulo de Loiola, del periodista Imanol Murua: “Por supuesto que estábamos a favor de legalizarnos, pero bajo determinadas condiciones. Respondimos lo siguiente: ‘La mesa política y nuestra legalización son dos caras de la misma moneda. Por tanto necesitamos el compromiso de que se van a dar pasos para poner en marcha la mesa política’”.
Es de suponer que desde entonces los dirigentes de Batasuna se habrán arrepentido unas cuantas veces por su falta de visión y por su torpeza al no aprovechar aquella oportunidad de oro. En el 2006, Otegi y los suyos se atrevieron a ponerle condiciones al Gobierno para que legalizara a Batasuna. Cinco años más tarde aceptan resignados pasar por el aro y cumplir las exigencias nacidas de las leyes y de las sentencias judiciales. Por aceptar han aceptado, incluso, hablar de rechazo al terrorismo y extender ese rechazo a la banda, aunque en futuro.
La ausencia de atentados de ETA desde hace meses no significa que haya desaparecido la amenaza terrorista ni borre su historia. El desmarque de Batasuna de la violencia tendría mucha más credibilidad si se hiciera sobre los atentados que ya ha cometidoETA y no sobre aquellos otros que pueda cometer en el futuro. Sería un pronunciamiento sobre hechos reales, no sobre hipótesis futuras. Batasuna confía en que ETA no vuelva a actuar, lo que le evitaría tener que pronunciarse sobre acciones terroristas concretas cometidas por la banda. Hace casi un año, en marzo del 2010, ETA mató a un policía francés y Batasuna miró entonces hacia otro lado. No condenó ni se atrevió a enfrentarse a ETA.
En los últimos pronunciamientos de Batasuna hay elementos novedosos sobre el terrorismo y que no son el resultado de la evolución natural de este partido, sino del éxito de la estrategia antiterrorista del Estado.
El Gobierno, a la hora de responder a la nueva situación, ha reaccionado con cautela y prudencia. ETA sigue existiendo, aunque esté temporalmente en tregua, y a pesar de los avances en la posición de Batasuna no se ha acreditado la ruptura entre las dos organizaciones. El anuncio de esta semana es un primer paso, pero no es aún nada definitivo. Así que está plenamente justificada la decisión del Gobierno de no legalizar el nuevo partido y enviar la documentación a la Fiscalía para que sean los tribunales los que resuelvan.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 9/2/2011