Sueltan el motor y lo dejan en el agua para inutilizarlo junto a los chalecos salvavidas, bidones de agua y gasolina, y chambergos para el fresco del viaje que ya no necesitarán. Fin de trayecto. Es imposible saber con certeza dónde acabarán ‘empadronados’ los jóvenes desembarcados en esa playa del Mitjorn balear. Se dispersarán por Europa como cientos de miles de compatriotas del otro lado del Mediterráneo. Todo ha sido muy rápido. Tráfico de seres humanos, entrada ilegal, vulneración de frontera. Pero, aunque no hay reacción policial ni judicial, esta estampa playera es la imagen de un problema de fondo que se ha convertido en uno de los asuntos que más preocupan en Europa. El 17 de junio el Parlamento europeo aprobó el Reglamento Europeo de Retornos que permite trasladar a inmigrantes en situación irregular a «centros de retorno» situados en países terceros. Un intento de poner freno y orden en el flujo desorganizado y caótico de la llegada irregular de una oleada tras otra de personas que están creando guetos de pobreza, paro e inseguridad en todas las grandes capitales europeas. Y, como consecuencia, expresiones inadmisibles de xenofobia, aversión al extraño o apartheid.

El Gobierno español votó en contra. No se sabe muy bien por qué, pero esa posición no está en el lado correcto de la historia porque se sitúa a contracorriente de todos los socios de la Unión. Los socialdemócratas suecos, tradicionalmente, desde Olof Palme, referentes y padrinos del PSOE, están ahora en campaña electoral y aliados con otros partidos de centro derecha y centro izquierda, han dado un giro radical en su tradicional política de acogida de extranjeros. La palabra clave en esta campaña previa a las elecciones de septiembre es «reinmigración» (en sueco, återvandring), que significa el regreso de inmigrantes a su país de origen o a otro país donde tengan derecho a residir. El faro del socialismo europeo, que atraviesa su peor momento en décadas, intenta recolocarse, pero Sánchez no quiere enterarse.