EL MUNDO – 22/05/15
· La fiscalia mantiene que la investigación se culminó «con éxito» y no sew vió perjudicada.
Ni el juez Santiago Pedraz ni la Fiscalía de la Audiencia Nacional ven en las diligencias ampliatorias presentadas por los Mossos d’Esquadra «elementos nuevos a los que ya constaban en el procedimiento» para reabrir la pieza en la que se investigó y se descartó la denuncia de la policía autonómica relativa a que se había producido un chivatazo a la célula yihadista desarticulada en la operación Caronte.
El magistrado ha despachado la polémica suscitada entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el conseller catalán Ramón Espadaler con una providencia en la que declara que se esté «a lo acordado», en referencia al archivo que él mismo decidió tras recibir la primera denuncia de los Mossos sobre una filtración de la operación policial que atribuían a agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
El magistrado se ha apoyado en el informe de la fiscal Blanca Rodríguez, que señala que el testigo protegido aportado para reabrir la investigación es «un testigo de referencia» que relata, «en términos genéricos, lo que otras personas le comunicaron, sin precisión de más datos adicionales que deban ser valorados y tenidos en cuenta para proceder a la reapertura de la causa».
Recuerda que la investigación culminó «con éxito» el pasado 8 de abril con la detención de 10 personas, de las que siete ingresaron en prisión. Previamente, en diciembre, se había arrestado y encarcelado a tres personas de la misma célula que ya habían iniciado el viaje a Siria.
Por ello, la conclusión a la que llega el Ministerio Público es que «la investigación de los hechos no ha resultado perjudicada por la actuación de personas ajenas al procedimiento, ni se ha incrementado el riesgo de ejecución de acciones terroristas, ni se ha producido riesgo alguno para la integridad física del funcionario policial (agente encubierto) que intervino en la causa». Añade que éste desempeñó «hasta el final» su función y se evitó la comisión de atentados terroristas.
La decisión de la Audiencia ha permitido a Fernández Díaz pedir «dimisiones en cadena» de los responsables políticos de los Mossos d’Esquadra, tras recordar unas palabras del presidente de la Generalitat, Artur Mas, informa Europa Press. Además, el PP catalán pidió la comparecencia urgente en el Parlament de Mas y de Espadaler.
Por su parte, el Departamento de Interior catalán ha destacado que el juez no niega los hechos denunciados por los Mossos.
La Alhambra de Granada renovó a la empresa GTP el contrato del servicio de audioguías del monumento a pesar de que el adjudicatario estuvo casi cuatro años sin pagar los cánones que ofertó y de que intentó aprovechar un «error de transcripción» en el contrato para ahorrarse gran parte del dinero.
La directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, defendió ayer esta decisión porque, según dijo, era mejor garantizarse el cobro del dinero que iniciar un largo proceso administrativo, y probablemente judicial, para cobrar. Además, señaló que fue el pleno del patronato el que adoptó la decisión de renovar el contrato a GTP después de oír al interventor.
Como publicó ayer EL MUNDO, la Agencia Tributaria, la Fiscalía y la Policía Judicial investigan un presunto fraude en el servicio de audioguías de la Alhambra y los agentes, incluso, apuntan a un posible delito de tráfico de influencias por parte de Villafranca.
Ésta manifestó ayer que no tiene conocimiento de que nadie le haya imputado nada y que no tuvo ninguna participación ni en la mesa de contratación ni en ningún momento del proceso de adjudicación a GTP.
La Alhambra y esta empresa firmaron un contrato en el año 2007 para la explotación del servicio de audioguías. El 14 de febrero de 2011, meses antes de que venciera el contrato, GTP debía a la Alhambra 683.286,74 euros por los cánones fijos y variables desde el 7 de noviembre de 2007 en adelante. Ésa es la fecha del contrato, según la documentación aportada ayer por la Alhambra, si bien es cierto que en uno de esos documentos se alude a la fecha del 4 de octubre.
La secretaria general de la Alhambra, Victoria Chamorro, señaló a este periódico que la deuda llegó a rondar el millón de euros y que se le hicieron 23 requerimientos de pago. Además, admitió que el contratista quiso aprovechar el «error material» en el contrato para pagar 30.000 euros en vez de 77.000 de canon fijo anual y un 15% en vez de un 47% de canon variable sobre la facturación por el alquiler de las audioguías. «Este señor lo intentó cuando presentó la primera liquidación, pero nos dimos cuenta», señaló la secretaria general de la Alhambra.
El patronato explicó ayer el «error material» con el argumento de que, a la hora de redactar el contrato, se puso el importe de licitación en lugar del de adjudicación. En cambio, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 3 de julio de 2007, en las páginas 72 y 73, donde se publicó el anuncio del concurso, se refleja un presupuesto base de licitación de 60.000 euros y un canon variable del 30%. Por tanto, la cuantía de licitación sigue siendo superior a las magnitudes reflejadas en el contrato inicialmente.
Victoria Chamorro señaló también que el empresario «nunca pagó esos cánones sino aquellos por los que se le adjudicó». Bien es cierto que, según la documentación que ofreció ayer al patronato, no empezó a pagar hasta que el contrato estaba a punto de vencer.
El patronato aseguró ayer que la deuda de GTP fue liquidada conforme al plan de pagos acordado con el empresario y negó «las acusaciones de tráfico de influencias». El pleno de la institución «aprobó la prórroga del contrato».