Uno de los acontecimientos que precipitaron la dictadura de Primo de Rivera en 1923 fue el desastre de Annual en la guerra del Rif. El Ejército español, al mando del general Silvestre, sucumbió en aquel paraje, entre Melilla y Alhucemas, en una de las peores derrotas militares de la historia de España, luego reparada, en parte, con el exitoso desembarco en Alhucemas en 1925. De aquel desastre se dedujeron algunas responsabilidades que alcanzaron al alto comisionado de España en Marruecos, Dámaso Berenguer, amnistiado luego por Alfonso XIII. El general Silvestre se suicidó. 

Como la historia no se repite, pero sí rima, de nuevo Marruecos es un talón de Aquiles para la política española. Esta vez, de forma políticamente tan desastrosa como militarmente fue la derrota de Annual. El presidente Sánchez, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, cambió las reglas de compromiso de España con Marruecos y cedió la única carta de la que disponía nuestro país para forzar a Rabat a que respetase nuestro territorio nacional en Ceuta y Melilla y las aguas territoriales de Canarias. El presidente del Gobierno, mediante una carta clandestina, vino en reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, violando así las resoluciones de las Naciones Unidas y nuestro compromiso de que fueran los saharauis los que mediante un referéndum de autodeterminación decidiesen su propio destino.

Las consecuencias de esta decisión personalísima de Pedro Sánchez las ha ido desgranando en El Confidencial el experto periodista Ignacio Cembrero y estamos conociendo cómo, a través de informes del CNI, el Gobierno estaba al tanto de las intenciones de Marruecos de hostigarnos, primero con oleadas de inmigrantes sobre Ceuta y Melilla y, luego, a raíz de la acogida de Brahim Gali, máximo dirigente del Frente Polisario al que el Ejecutivo prestó en Logroño asistencia sanitaria para tratar su infección por coronavirus.

El presidente, primero con la carta de resignación de la postura tradicional de España sobre el Sáhara Occidental (marzo) y luego con su visita a Rabat (abril), se las prometía muy felices. Pero estamos en junio y ni Marruecos ha abierto aduanas en Ceuta y Melilla (ni lo hará, porque sería reconocer que esas ciudades son extranjeras y no marroquíes), ni ha hecho la más mínima concesión, mientras que nuestro país ha franqueado el paso del Estrecho, que era lo que Mohamed VI deseaba. Al tiempo, Argelia incrementa sus gestos hostiles contra España. Nada que no pudiera preverse: ayer denunció el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 2002. Sánchez no ha arreglado nada con Rabat y ha empeorado todo con Argel.

El país vecino —bien avenido con Estados Unidos, Francia y Alemania— ha incumplido el tratado que firmó con el nuestro en julio de 1991, publicado en el BOE el 26 de febrero de 1993. Los principios generales de aquel acuerdo se han omitido: el respeto a la legalidad internacional, la igualdad soberana, la no intervención en asuntos internos, la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, el arreglo pacífico de controversias, la cooperación para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las personas y el diálogo y comprensión entre culturas y civilizaciones.

 Está en el ambiente que la interceptación de las comunicaciones telefónicas de Sánchez —precisamente en días críticos del mes de mayo del pasado año— podría resultar una intrusión de los servicios de Inteligencia marroquíes, una hipótesis que es verosímil, pero que jamás se averiguará por más que esté en marcha un procedimiento judicial abocado al fracaso.

Nuestra posición de defensa de la españolidad de Ceuta y de Melilla y de nuestra jurisdicción de las aguas territoriales nacionales de Canarias es ahora mucho más precaria que antes. Marruecos no ha cedido ninguna contrapartida al abrupto cambio de posición española en Sáhara y, en consecuencia, nos ha debilitado. Ambas ciudades autónomas no están bajo el paraguas de la OTAN, de tal manera que en caso de agresión armada por Marruecos —no descartable, a la vista de lo que ha ocurrido, salvando las distancias, con Putin en Ucrania— nos enfrentamos a un panorama desolador en el frente sur. Nuestra seguridad está comprometida. Y hemos perdido la alianza con Argelia.

 Sánchez no pudo —lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, en acertada expresión de Rafael Gómez Ortega, ‘el Gallo’— explicar el porqué y el para qué de su movimiento de ficha con Sáhara. No aclaró tampoco si alguna razón hasta ahora oculta le compelió a dar ese torpe paso, ni razonó por qué ha prescindido de todo procedimiento parlamentario e internacional (ONU) para conformar la posición más crítica de España en política exterior.

Por lo demás, su decisión ha dejado tocada a la izquierda, especialmente solidaria con el Frente Polisario. Insisto: un desastre político comparable al militar de Annual en 1921, aunque, de igual forma que aquella derrota, también esta tendrá consecuencias negativas para España y, antes, también para Sánchez y para el PSOE.

 La soledad en que se hundió el secretario general socialista en su comparecencia de ayer en el Congreso persiste en una decadencia parlamentaria irreversible si se conecta el varapalo por el Sáhara con otros asuntos, como la ruptura con Argel, en los que Sánchez ya sabe de antemano que ha fracasado. Empezando por el presupuesto de 2023. No lo habrá. Y así, paso a paso, se está labrando el gran fiasco de la coalición progresista, que continúa en su precipitado desplome.