Ignacio Camacho-ABC
- El giro sobre el Sahara quedará bajo duda razonable mientras sigan inaclarados los detalles del espionaje a Sánchez
EL cambio de la posición española sobre el Sahara se puede defender con razones de diplomacia pragmática. Desde el criterio de los más importantes países europeos hasta la creciente presión norteamericana en el contexto geopolítico de la guerra de Ucrania, de la defensa antiyihadista en el Sahel a la simple necesidad de aliviar la tensión migratoria sobre Ceuta, Melilla y Canarias. La ‘realpolitik’, en una palabra. Claro que también caben motivos en contra: la irritación de Argelia, la pérdida de una herramienta de presión muy valiosa, el compromiso con el Polisario como compensación histórica tras la espantada descolonizadora. Pero es posible el debate siempre que se atenga a un mínimo respeto por las formas. Una decisión así necesita consenso. Primero del propio Ejecutivo de coalición, entre cuyos socios no hay acuerdo, luego de la oposición y, en todo caso, de la mayoría del Congreso.
Y por último es menester formalizarla con respeto a los procedimientos, no con una carta personal mal redactada y despachada en silencio. Sánchez no ha cumplido ninguno de esos requisitos previos y todavía, tres meses y varias humillaciones después, sigue sin obtener el respaldo del Parlamento y sin lograr ninguna contrapartida seria de Marruecos.
Desde mayo, además, la cuestión queda bajo una sombra de sospecha. La alentó el mismo presidente al dar a conocer por sorpresa el robo de datos sensibles en su teléfono tras una misteriosa intrusión ajena, para colmo coincidente en fechas con la grave oleada invasora de Ceuta. Éste es el día en que seguimos sin conocer la índole del material sustraído y el uso que haya podido hacer de él el autor del delito. La verosímil hipótesis de un chantaje enemigo contamina de recelo la falta de explicaciones razonables sobre un giro en la postura asumida por España a lo largo del último medio siglo. Y lejos de aclarar el asunto, el Gobierno lo ha mezclado de manera irresponsable con las escuchas del CNI a los líderes del independentismo, cuyo desafecto es lo único que parece preocuparle de este escabroso lío sobre el que un juez ha llamado al ministro Bolaños para que declare como testigo.
Todo es opaco, turbio, equívoco, en este escándalo de espionaje que La Moncloa trata de ahogar bajo el socorrido manto del secreto de Estado. En ausencia de un relato claro cualquier ciudadano tiene derecho a especular con la posibilidad de que la entrega de facto del Sahara sea consecuencia de un trato subterráneo. Desde el indulto de los separatistas catalanes es conocida la permeabilidad del sanchismo a la extorsión política y, aunque la verdad no siempre responde a la interpretación más sencilla, ciertas suspicacias sólo se pueden combatir con transparencia informativa. A menos que el conocimiento de la verdad ponga de manifiesto tal ignominia que resulte preferible el riesgo de que quede al descubierto la mentira.