La amnistía de Pedro Sánchez contamina en el resto de CCAA y en la propia Cataluña entre los votantes socialistas que emigraron desde Extremadura, Murcia o Andalucía y que no entienden que su partido consagre dos clases de españoles
«La amnistía es una máquina de crear desigualdad. Y eso lo acabaremos pagando en las urnas. Pero es un tigre que Pedro Sánchez decidió cabalgar para intentar seguir en el poder y ahora ya no puede gobernarlo. Acabará matándolo. Y con él, al partido». Un veterano socialista con carné, de los que aún no lo han roto ni piensa en ser expulsado –como Nicolás Redondo- hacía esta reflexión a punto de concurrir el año en el que Sánchez, por siete votos, entregó la gobernabilidad de España a un fugado de la justicia en un maletero.
Cuando Pedro Sánchez, en la misma noche de la debacle autonómica y municipal socialista del 28-M decidió convocar las elecciones generales para un fin de semana de julio (según cuenta en su Tierra Firme de puño y letra de la negra Lozano), decidió jugarse la suerte y el futuro del país y de su partido a un referéndum sobre su persona: sanchismo o ultraderecha, fue su tramposa decisión en un remedo del adelanto de Madrid, cuando MAR decidió que los madrileños eligieran entre «comunismo o libertad».
El problema fue que a Alberto Núñez Feijóo no le sobraron los votos y a Pedro Sánchez le faltaron. Y, como diría Vargas Llosa, ahí se jodió España. Pedro Sánchez estaba dispuesto a cabalgar cualquier tigre con tal de que le mantuviera recorriendo los jardines de Moncloa, y se mostró dispuesto a pagar cualquier precio. A unos, Pamplona, un apretón de manos, los presos y quién sabe si la lendakaritza que también prometió a los otros. A los de más allá, 15.000 millones de deuda, un mediador, rodalíes, los pinganillos…
Pedro Sánchez cede al chantaje
El último en negociar, ya se sabe, es quien más rendimiento saca. Y Puigdemont apretó las tuercas y vendió caros, muy caros, los 7 síes de Nogueras –la dóberman del fugado- y sus seis compañeros de escaño: tras humillar al emisario de Sánchez y sentarlo bajo una inmensa foto del referéndum ilegal, se anunció días después que Moncloa y el PSOE tragaban con todo, incluido el lawfare que llama prevaricadores a los jueces y la amnistía que consagra que todos los españoles no son iguales ante la ley ni ante los tribunales. Que hay españoles de primera y de segunda. Y que Sánchez y el PSOE lo consagraron por escrito.
Pero tanta infamia no va a salir gratis. O al menos eso creen los cada vez menos críticos del PSOE y desean desde la oposición. «La influencia que la tramitación de la ley de la amnistía, la movilización de la calle o la foto de Puigdemont con Sánchez van a acabar siendo determinantes en Galicia o en la propia Cataluña«, aseguran fuentes de Génova y confirman los críticos de Sánchez.
El PSC necesitará pactar para gobernar. Con el PP y la abstención de Vox probablemente le valdría. ¿Alguien duda de que no lo hará?
En Galicia, Alfonso Rueda –como adelantó Vozpópuli– ha decidido adelantar las elecciones guiado por los sondeos que le blindan la mayoría absoluta que le dejó Feijóo –aunque con dos escaños menos- y sacar las urnas el 18 de febrero, justo en plena vorágine de la aprobación de la ley de amnistía y, quién sabe, si con apretón de manos entre Sánchez y Puigdemont.
Con este panorama (y con un candidato socialista cuyo principal mérito es haber dejado su coche a Sánchez para reconquistar la Secretaría General del PSOE, pero que tiene dividido a la propia militancia) no es de extrañar que los sondeos dejen a los socialistas en tercera posición por debajo del BNG. Sumar pelea por entrar con un escaño y Vox seguiría siendo extraparlamentario.
Pero el caso más curioso del efecto amnistía sucede, precisamente, en Cataluña. Según el CIS catalán de noviembre, elaborado por la Generalitat y por tanto por ERC, el PSC de Illa ganaría con entre 39 y 45 escaños frente a los 33 que tiene hoy en el Parlament. ERC perdería algún escaño (29-34) frente a los 33 de ahora y Junts, el partido del fugado, se desplomaría de los 32 actuales a entre 19 y 24. El PP, por su parte, multiplicaría por más de 5 su representación actual y pasaría de 2 a entre 12 y 17. Vox caería de 11 a entre 6 y 9, y la CUP, de 9 a entre 4 y 8.
Es decir: las fuerzas independentistas (ERC, Junts y CUP) sumarían entre 52 y 66 escaños frente a los 74 actuales. Y las ‘españolistas’ (si es que al PSC aún se le puede calificar así), entre 57 y 71 frente a los 47 que tienen hoy. Y justo cuando el independentismo es más débil y Junts se despeña, Sánchez da más poder a Puigdemont y cede a todos sus chantajes en un movimiento que, según algunas fuentes de los socialistas catalanes, ha empezado a costar apoyos y a notarse en los sondeos internos.
«La amnistía ‘mancha’ en Cataluña, sobre todo entre esos votantes del cinturón rojo histórico del PSC. Los charnegos, inmigrantes de Extremadura, de Aragón, de Andalucía –apunta un reputado sociólogo- no entienden que haya CCAA de primera y de segunda, y aunque sus hijos no lo valoren así y sigan votando socialista, los padres se lo piensan y, o bien se quedan en casa, o votan a quienes representen el voto ‘español’. Cs en su día, hoy el PP». Eso explicaría la ‘desaparición’ de políticos catalanes del nuevo Gobierno de Sánchez a excepción de Hereu.
El primer test para comprobar si Pedro Sánchez y el PSOE van a acabar siendo víctimas de su propia ley de amnistía y de sus cesiones al independentismo serán las elecciones gallegas, en las que Feijóo también intentará reivindicarse como una segunda vuelta de su amarga victoria de julio. El segundo y definitivo, las catalanas. Seguramente, a la vuelta del verano y con la amnistía ya aprobada y Puigdemont rehabilitado por obra y gracia de Sánchez. El PSC necesitará pactar para gobernar. Con el PP y la abstención de Vox probablemente le valdría. ¿Alguien duda de que no lo hará?