Parece que el viejo principio de que en las emergencias el capitán debe ser el último en abandonar el barco no rige para algunos de los capitanes de tierra de esta clase política nuestra, que en su día ya mostró su gran talla moral lanzándose con avidez sobre las pruebas del Covid a las que sus votantes no tenían acceso. Si en aquella ocasión hubo alguno y alguna que se hicieron hasta tres y cuatro pruebas, de las que nuestros medios de comunicación nos informaron con una precisión tan profesional como obscena, ahora son noticia ese medio millar de casos de políticos y altos cargos que se han lanzado, con el mismo brío y similar sentido de la solidaridad, a quitarles las vacunas a los ancianos de las residencias y a los sanitarios de los hospitales para ponérselas ellos. Los hay del PSOE, del PP, de JxCat, del PNV…

De semejante alarde de altruismo no tiene la patente ningún partido y resultan conmovedores los argumentos que han dado los vacunados para justificar su alarde de heroísmo. Fran López, alcalde socialista del pueblo valenciano de Rafelbunyol, dice que lo ha hecho «para dar ejemplo», cosa que ha conseguido en efecto (otro tema es ya qué clase de ejemplo) y la mayoría aduce que sobraban dosis en una España en la que, después de un mes de la llegada de las Pfizer, más del 95% de la población sigue sin catarlas. Pero los casos más emocionantes han sido, sin duda, el de Esther Clavero, alcaldesa socialista de la localidad murciana de Molina de Segura, y el de Javier Guerrero, consejero popular de Sanidad de Ceuta, que aseguran que tuvieron que vacunarse contra su voluntad.

El remate a este edificante capítulo de la vida nacional, que nos devuelve la fe perdida en nuestros políticos, lo constituye la medida correctiva que ha tomado Ximo Puig: prohibir a su Departamento de Sanidad que administre la segunda dosis a los que han recibido la primera saltándose los protocolos. Tal ocurrencia punitiva merece una reflexión. En la cabeza de Puig, el hecho de que se desperdicien un número de vacunas que nunca conoceremos y de que con ello crezca el riesgo de contagios ocupa un lugar secundario. Como también lo ocupa el carácter socialmente pedagógico y la dignidad que debe tener toda sanción. Dicho de otro modo, no es presentable un castigo que roza lo medieval. No podemos dar por bueno, legítimo y simplemente pintoresco un escarnio que nuestro sentido garantista de la justicia no aceptaría ni para el propio colectivo penitenciario. La paradoja es que esta iniciativa bárbara de la ‘pena de coronavirus’ para quien no ha sido juzgado surge de la misma izquierda que considera «obligatorio» el indulto para el delito de sedición.