LOS POLÍTICOS mantienen desde hace años un interminable y apasionado debate sobre nuestro sistema de pensiones. Interminable porque, pese a las reformas, aún no han encontrado soluciones completas a sus graves problemas, manifestados en déficits muy importantes y crecientes. Apasionado porque las pensiones constituyen una de las columnas básicas del Estado de Bienestar y afectan, además, a una proporción cada vez mayor de españoles. En casi todos los países de nuestro entorno esos problemas surgieron hace años, pero en muchos encontraron pronto solución. Aquí los planteamientos puramente cortoplacistas, el desconocimiento del elevado coste y el largo plazo de las soluciones necesarias, las difíciles condiciones económicas de nuestra crisis y el descarado afán de algunos por sacar rédito político de nuestros mayores, están retrasando la adopción de las reformas necesarias. Esas reformas han demostrado ya su eficacia en nuestros socios de la UE, pero para garantizar su estabilidad futura deberían introducirse con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, lo que parece hoy casi imposible en España.
Pero comencemos por los problemas de las pensiones. El primero lo constituye el elevado y creciente déficit de la Seguridad Social, alimentado por el crecimiento acelerado de unas pensiones que suponen un gasto mayor cada año (un 90% de aumento entre 2006 y 2017) y por un corto aumento de los ingresos que las financian (escasamente un 12% entre ambas fechas). Ese déficit ha terminado prácticamente con el importante fondo de reserva de la Seguridad Social que logró acumularse a partir del año 2000. El exceso de gastos sobre ingresos sólo se puede pagar mediante el endeudamiento o con la liquidación de cualquier patrimonio previamente acumulado, lo que en este caso ha significado la liquidación de casi 75.000 millones del fondo de reserva. Las pensiones siguen hoy creciendo fuertemente –ya suponen casi un 30% del gasto público total– mientras los ingresos por cotizaciones sociales han aumentado a mucho menor ritmo, generando esos crecientes déficits. Aunque hasta final de este mes no se dispondrá de las Cuentas de las Administraciones Públicas para 2017, el déficit de la Seguridad Social ha debido situarse en unos 18.800 millones de euros frente a los 18.096 del año anterior, representando más del 50% del déficit conjunto de todo el sector público.
Sin duda, ese déficit es muy preocupante, pero todavía no llevará de inmediato a la quiebra al sistema impidiendo pagar las pensiones, como se ha llegado a decir para caldear el ambiente. Mientras que el Estado mantenga su compromiso de atenderlas mediante aportaciones compatibles con las limitaciones de déficit que impone la UE, las pensiones estarán garantizadas. Pero, como ya se ha visto, ese déficit no procede sólo del aumento de las pensiones sino también de la insuficiencia de los ingresos por cotizaciones sociales.
El importante mordisco que para esas cotizaciones supuso el fortísimo aumento del paro generado por la crisis hace pensar que, a medida que se vaya recuperando el empleo, volverán a subir sus ingresos, como ya se ha empezado a notar durante el pasado ejercicio. Pero no confiemos demasiado en tales aumentos porque esa bolsa potencial de ingresos tiene un límite evidente. Hasta ahora, nunca el desempleo en España ha sido menor del 8% de la población activa por lo que, de seguir como vamos en creación de empleo, ese límite quizá pueda alcanzarse en las proximidades del 2023, lo que está a la vuelta de la esquina. A partir de esa fecha, incluso algo antes, tendremos que recurrir a otras vías para financiar los crecientes gastos en pensiones, pues ya no bastará con el aumento del empleo. Una aparente solución: pasar parte del déficit al Estado, lo que no arreglará nada porque aumentará el déficit estatal en la misma cifra en que disminuya el de la Seguridad Social; otra mucho más real: aumentar esa financiación mediante impuestos. Muy probablemente esta última será la elegida, aunque algunos confíen exclusivamente en una mera reducción de gastos superfluos. Sin duda, la eliminación de los gastos que sean auténticamente superfluos debería acometerse de inmediato, pero esa propuesta olvida que el problema de las pensiones es de tal magnitud que no se resuelve sólo por esa vía.
En ese contexto y con tan discutibles argumentos es donde se han planteado las manifestaciones del pasado sábado, plenamente justificadas en quienes perciben pensiones muy reducidas, pero no para otros si se considera que los pensionistas han obtenido durante estos años aumentos mayores que los alcanzados por los trabajadores en activo y superiores al aumento del IPC. Una revalorización de todas las pensiones actuales haría bastante mayor el déficit de la Seguridad Social, obligándonos a saltar los estrechos límites impuestos por la UE. Hay que mejorar las pensiones más reducidas, pero evitando generalizar medidas de costes imposibles.
El segundo problema al que nos enfrentamos se debe a la falta de eficiencia de las cotizaciones sociales. Al tratarse de un impuesto sobre el empleo, fomentan directamente el paro o la utilización de máquinas en lugar de hombres, porque las máquinas no las pagan. Además, hacen más competitivas las importaciones procedentes de países con menores cargas sociales sobre el empleo. Las cotizaciones no sólo no son ya capaces de financiar el aumento de las pensiones sino que perjudican gravemente el empleo. Por eso resulta necesario sustituirlas, parcialmente al menos, por otros impuestos menos perjudiciales. Así se ha hecho en otros países evitando empeorar aún más la situación como ocurriría si se sustituyesen por impuestos sobre grandes fortunas –que no recaudan casi nada–, sobre las transacciones bancarias o subiendo tipos en el IRPF, que es lo que hoy proponen algunas fuerzas políticas. La sustitución en esos países se ha hecho recurriendo al IVA, lo que ha impulsado fuertemente el empleo y la producción. En efecto, el IVA no grava las exportaciones, cosa que sí hacen las cotizaciones sociales, y sí grava las importaciones, lo que no hacen esas cotizaciones. Además el IVA recae sobre la totalidad del precio y, por tanto, no favorece el uso de máquinas que sustituyan personas, como sí hacen las cotizaciones. Por eso en Europa se está sustituyendo cada vez más las cotizaciones por el IVA. Si se siguiera ese camino aquí, aumentaría el empleo y la producción y las pensiones gozarían de una fuente de ingresos mucho más flexible, potente y sana desde el punto de vista económico que las viejas tarifas de las cotizaciones. Pero a muchos políticos les preocupa poco la eficiencia y rechazan la idea, quizá porque no la entienden.
EL TERCERy más grave problema de las pensiones es el demográfico. Los españoles vivimos en una sociedad cada vez con menor número de niños y de personas en edad de trabajar y cada vez con más numerosas personas mayores que tienen esperanzas de vida crecientes, lo que constituye una suerte para ellos y una preocupación seria para quienes han de financiar sus más elevadas y prolongadas pensiones. A ese gravísimo problema, que se está acelerando en estos años pero que adquirirá una velocidad aún mayor a partir de 2025 cuando los muchos nacidos en los años 60 del pasado siglo lleguen a la edad de jubilación, habrá que buscarle remedio. El mejor camino es el de la creación de planes de jubilación de naturaleza empresarial que, sin sustituir las pensiones públicas, las complementen. Tales planes se nutrirían con parte de las reducciones en las cotizaciones empresariales derivadas de la sustitución parcial de cotizaciones por IVA. Parece un camino sensato ante el enorme problema demográfico que se nos avecina y es también lo que se está haciendo aceleradamente en Europa.
Pero el problema más inmediato es el del tiempo disponible para las reformas. Todos nos resistimos habitualmente a cambios que signifiquen sacrificios, pero en las pensiones el tiempo se nos está acabando. En pocos años habrá grandes aumentos en el número de pensionistas que exigirán de soluciones que no podrán improvisarse en unos días. Mientras, algunos partidos ocupados en inducir costosas reivindicaciones dan la impresión de que creen que vivimos en Jauja.
Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.