Al PNV y sus socios no les gusta la jurisdicción española. Ni los jueces que sostienen que «ninguna autoridad goza de impunidad penal». Se resisten a tener que dar cuenta de algunos de sus actos ante los tribunales. En Euskadi, además del acoso terrorista, los jueces han estado sometidos a la presión de unos gobernantes que han replicado las decisiones judiciales con manifestaciones.
Cuando gobernaba Ardanza, el clima de enfrentamiento entre el Ejecutivo de Ajuria Enea y los jueces no se producía con tanta virulencia. Quizás influiría, en ese ambiente de mayor respeto interinstitucional, las compañías que el lehendakari de los gobiernos transversales elegía para compartir poder. El caso es que hace ya demasiado tiempo, desde que llegó Ibarretxe, el Gobierno Vasco ha perdido el respeto por los jueces que no le son favorables.
Desde que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Ruiz Piñeiro, regresó a Bilbao para hacerse cargo de la máxima representación de la magistratura vasca y el consejero de Justicia le recibió con la espada desenfundada, la actitud de nuestros gobernantes ha sido la de ejercer un estrecho marcaje político a los jueces a fin de influirles en su comportamiento. Ya en su día el jubilado Arzalluz arremetió contra aquellos jueces que no hablaban euskera invitándoles a abandonar Euskadi. Luego llegaría el plan Ibarretxe, que provocó en insignes magistrados como Juan Luis Ibarra la amarga declaración que reconocía que «la propuesta del lehendakari es la confirmación de que no somos sus jueces».
Desde que el Gobierno Vasco planteó la ruptura del sistema judicial, los magistrados no se han sentido arropados. El choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo vasco desde el momento en que el TSJPV admitió los recursos presentados, primero contra Atutxa, y ahora contra el lehendakari, los socialistas y los representantes de Batasuna, ha sido permanente. El consejero Azkarraga no solo no ha parado de arremeter contra Ruiz Piñeiro sino que va dejando unas pistas claras sobre su concepto de la Justicia. Que no se note, que no traspase. Ese debería ser el perfil de la persona que en febrero deberá suceder al actual presidente del tribunal; justo el contrario del actual.
Si Ruiz Piñeiro se permite disertar sobre problemas tan acuciantes en el País Vasco como el terrorismo, la falta de libertades y la conveniencia de que los poderes públicos estén sometidos a la ley, su sucesor deberá mantenerse de perfil para ser del agrado de aquellos nacionalistas que tienen una idea tan patrimonialista de la Justicia. Nuestros gobernantes actuales se resisten a tener que dar cuenta de algunos de sus actos ante los tribunales. Y han traspasado los límites.
Al actual PNV y sus socios no les gusta la jurisdicción española. Ni los jueces que sostienen, como es natural, que «ninguna autoridad goza de impunidad penal». En Euskadi, además del acoso terrorista, los jueces han estado sometidos a la presión de unos gobernantes que han replicado las decisiones judiciales con manifestaciones. Que quieren contraponer la voluntad del pueblo con la decisión de unos jueces sin ver que son planos incomparables. Azkarraga, al oír al presidente de los jueces disertar en el acto de inauguración del curso judicial sobre la conveniencia de que los poderes públicos estén sometidos a la Ley, protesta porque ese discurso, dice, no es propio de un acto judicial. En fin, que faltan tres meses para el juicio a Ibarretxe y el lehendakari se ha acostumbrado ya a no hacer acto de presencia en un acto de tanta importancia institucional. El respeto que lo practiquen otros.
Tonia Etxarri, EL DIARIO VASCO, 11/10/2008