EL MUNDO 16/04/13
Convivencia apunta a los directores si el Govern no cumple las decisiones judiciales
La plataforma Convivencia Cívica Catalana quiere que se cumplan las resoluciones judiciales que garantizan un modelo de bilingüismo en las aulas catalanas y acaban con la inmersión lingüística de la Generalitat. Por eso, han instado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a actuar con todas las medidas posibles que le permitan ejecutar estas decisiones, ya que el gobierno catalán ha anunciado que no piensa acatarlas.
Según el presidente de Convivencia Cívica, Francisco Caja, el tribunal puede multar a los responsables políticos o pedir a la Fiscalía que considere si han cometido un delito de desacato. «La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha cometido una resolución injusta a sabiendas y eso es prevaricación», dijo Caja.
Pero la plataforma también considera que el tribunal puede ordenar directamente el cumplimiento de las decisiones judiciales a los directores de los 10 centros escolares en los que hay alumnos que reclaman su derecho a recibir la educación en catalán y castellano. En este sentido, Convivencia presentó un escrito el pasado febrero al TSJC para que se optase por esta medida, aunque al no recibir todavía respuesta, destacaron ayer que reiterarán su propuesta. El abogado de la entidad, Ángel Escolano, fue más allá y destacó que, en el caso de que un director tampoco cumpliese una resolución de un tribunal, se le podría imponer una sanción y hasta deducir testimonio para la Fiscalía por si ha cometido delito. Como última instancia, se podría pedir una intervención judicial de la escuela.
Caja cree que la Generalitat «incumple una resolución judicial, lo que es un atentado grave al Estado de Derecho», y recordó que el Govern tiene dos meses para realizar las medidas cautelares refrendadas por el TSJC, como garantizar el bilingüismo en las aulas. En caso de no hacerlo, Convivencia presentará una querella contra Rigau por un presunto delito de prevaricación. «La Fiscalía y el Gobierno deberían actuar sabiendo que se vulneran derechos escolares», destacó Caja que no descarta recurrir al Ministerio Público.
Convivencia recordó que las resoluciones del TSJC garantizan la educación en las dos lenguas por lo que rechazó las «falsedades» de la consellera Rigau sobre que se pretendía introducir sólo el castellano en las aulas. «La inmersión lingüística es contraria al espíritu de la Constitución», afirmó Caja, que recordó que 1.031 padres han solicitado educación bilingüe y se lo han denegado a todos. Por eso 19 familias han llevado el asunto a los tribunales.
Uno de ellos, Nicolás Costovici, afirmó que sus hijos tienen «poco vocabulario en castellano». Julián Busca dijo que «las cargas horarias de cada lengua son muy distintas» por lo que duda de que los alumnos acaben el colegio obligatorio con el mismo nivel lingüístico.