EL MUNDO 28/03/14
· Covite y UPyD le critican y el Gobierno vasco estudia lo sucedido
La revelación por parte del terrorista arrepentido Kepa Pikabea de que respondió a las cartas de una víctima, Miguel Ángel Madariaga, mediante una misiva que durante más de un año ha guardado el asesor del Gobierno vasco Txema Urkijo, empujó ayer a Covite y después a UPyD a reclamar su dimisión por haber «ocultado» un texto en el cual el ex miembro de ETA le aseguraba que no participó en el atentado en el que Madariaga resultó gravemente herido. El Gobierno vasco de Iñigo
Urkullu no ratificó ayer su confianza en el asesor, como suele ser habitual en estos casos, sino que aseguró que tiene que «valorar los hechos».
«Nos reuniremos con él [en una cita que ya está fijada] y veremos qué pasa: cuál es su versión, las explicaciones que da, y a partir de ahí veremos lo que se decide», indicaron fuentes autorizadas. Desde el Ejecutivo nacionalista descartaron precisar qué decisión podría tomar Urkullu en torno a una cuestión tan «sensible» y si entre el abanico de posibilidades figura la destitución. Txema Urkijo prefirió no hacer declaraciones.
La respuesta del Gobierno vasco llama la atención teniendo en cuenta que no resultaría demasiado comprensible que el lehendakari prescindiera de Urkijo por la petición de Covite, que junto a otras asociaciones y UPyD viene exigiendo sin éxito la salida del máximo responsable de la Secretaría de Paz y Convivencia, Jonan Fernández. A diferencia de Urkijo, Jonan Fernández cuenta con el rechazo explícito también del PP y cada vez más claro del PSE-EE.
Lo cierto es que el ex fundador de Gesto por la Paz, presente de forma ininterrumpida en los gabinetes de Ibarretxe, López (PSE) y Urkullu (PNV), no parece haber trabado sintonía con el área que dirige Fernández, a juzgar por su ausencia en las comparecencias públicas de este equipo al menos desde septiembre.
Covite pidió ayer su dimisión después de que Miguel Ángel Madariaga conociera la existencia de esa carta por boca del propio Pikabea en una entrevista que mantuvieron el miércoles en la prisión alavesa de Zaballa. Urkijo reconoce lo ocurrido, pero argumenta que no se la había entregado porque el recluso le pedía «discreción» y la carta podía ser utilizada mediáticamente contra la vía Nanclares. El asesor consideró que la exculpación de Pikabea podría ser interpretada como una actitud de no colaboración por su parte y decidió no entregarla a su destinatario.
A juicio del colectivo de víctimas liderado por Consuelo Ordóñez –que impulsó la reunión– Urkijo «ha pasado por encima del derecho a la verdad y a la reparación» y «ha recurrido a la ingeniería social, algo intolerable en una sociedad democrática». UPyD también ve esta decisión «injustificable» y preguntará a Urkullu sobre ello en el Parlamento vasco.
Lo que sí confesó Kepa Pikabea en su cara a cara con la víctima fue que él mató en 1980 al estanquero de Éibar Carlos García, un crimen en principio prescrito y cuya reapertura pedirá Covite a la Fiscalía. Sobre esta cuestión, Txema Urkijo escribió en Twitter –antes de las peticiones de dimisión– que coincide con la plataforma en que el Estado debe velar por el derecho a la verdad, y abogó por articular «mecanismos» que permitan «obtener información de delitos prescritos».