Apenas habíamos notado que enero ha sido un mes inhábil a efectos parlamentarios porque la futura ley de borrado de los delitos del ‘procés’ ha inundado todo el panel político. Y se ha discutido hasta la obsesión por el monotema. Por encima del debate electoral en Galicia y de la incertidumbre sobre la fecha de la convocatoria a las elecciones vascas. Pasando a través de la sequía, los trasvases y las tractores en pie de guerra… al fondo, permanece la amnistía. Ese empeño de Pedro Sánchez que está arrastrando a buena parte del país a la contra y que está echando por tierra la institucionalización constitucional, utilizando cualquier resorte, incluido el Ministerio Fiscal, en su propio beneficio. Se trata de un trueque descarado, que nada tiene que ver con la mejoría de la convivencia en Cataluña. Impunidad para Puigdemont a cambio de poder para Sánchez. Todo lo demás son adornos.

El varapalo de la Junta de Fiscales del Supremo, cuya sombra se proyectó ayer en el hemiciclo, ha contrariado los planes de Pedro Sánchez. No es que le importe mucho su opinión, si no le dan la razón. Es que se ve obligado a retorcer aún más la legislación para mantener su estrategia de proteger al prófugo de Waterloo.

No le ha salido bien la idea de acortar los tiempos procesales a los jueces para que no tengan tanto margen para sus instrucciones porque no le ha seguido ni la vicepresidenta Yolanda Díaz, que, en su desmarque, parecía ser el altavoz de Puigdemont que se ha mantenido silente con esta propuesta de Pedro Sánchez.

Lo seguirá intentando, erre que erre, a pesar de las dificultades. Porque el filtro de Europa, donde han puesto el foco sobre la exculpación de delitos de corrupción, presunto terrorismo y traición derivada de connivencia con el régimen de Putin, por entender que entran en flagrante contradicción con el derecho comunitario, va a ser un obstáculo infranqueable.

Sánchez ya había resuelto, como juez supremo, que los actos vandálicos de CDR y Tsunami, cometidos en Barcelona en 2019, no fueron terrorismo. Por mucho que el artículo 573 del Código Penal haya sido la referencia de la instrucción del juez García Castellón. Sabe que va a ser difícil ampliar la amnistía tal como exige Puigdemont. Pero en su huida hacia adelante necesita seguir convenciendo al prófugo de la justicia que permanece impasible ante la propaganda de la Moncloa. Por mucho que Bolaños haga contorsiones enmendando la plana a letrados del Congreso y a los Fiscales del Supremo que han dejado en evidencia a Álvaro García Ortiz por sus torpes maniobras.

El fiscal general es ya un fusible quemado pero seguirá siendo utilizado por Pedro Sánchez. La penúltima palabra, para procesar o no a Puigdemont, le pertenece pero no será vinculante. La última será de la sala de admisión del Supremo. Y ahí Pedro Sánchez topará con el Alto Tribunal que aún no ha podido controlar. Algo tendrá que ocurrir si no se puede aplicar la amnistía.