Ignacio Camacho-ABC
- La Justicia europea ha ignorado adrede el carácter corrupto de la amnistía como fruto de una ilegítima transacción política
La Corte de Luxemburgo ha resuelto –el verbo fallar podría tener aquí un contexto polisémico– que la ley de Amnistía a los separatistas catalanes no vulnera el derecho europeo. El veredicto establece que «en un ámbito que es competencia de los Estados miembros, su control se limita a los problemas del tal envergadura que presenten un carácter sistémico». Es decir, que se lava las manos como Pilatos respecto a los conflictos que la norma puede producir en el ordenamiento interno. Y es en España donde la inmunidad retroactiva otorgada a Puigdemont y sus compañeros colisiona con el derecho nacional según el criterio de la mayoría de los juristas y sobre todo del Tribunal Supremo, para el que se trata de una compraventa de apoyos a la investidura del jefe del Gobierno.
«Roma locuta, causa finita», dice el adagio. Roma es Europa en este caso. Por tanto, en términos jurídicos el asunto está zanjado al menos en los aspectos relativos a las cuestiones prejudiciales sometidas a laudo, que no afectaban a la interpretación del Supremo sobre el delito de malversación como beneficio patrimonial ilícito por endosamiento de gastos. Quedan pendientes de resolver los recursos de constitucionalidad y de amparo, por lo que el regreso del prófugo de Waterloo no será inmediato aunque parece bastante allanado. Sobre la respuesta del Constitucional –un órgano jurídico pero no judicial– hay pocas dudas a tenor de su composición y del pronunciamiento previo a favor del encaje legal del texto parlamentario.
El sanchismo está así a punto de consumar su segunda obra maestra tras la polarización frentista: la legitimación de un escandaloso acto de corrupción política. El intercambio de poder por la dispensa de una condena constituye una literal felonía, una traición a los principios de la democracia como método de convivencia y una burla a la igualdad de los ciudadanos ante la Justicia. Con el agravante de que en esa transacción espuria han actuado como colaboradores imprescindibles los mismos beneficiarios de la amnistía. La fechoría es de tal calibre que su revocación legislativa, siquiera simbólica, debería ser la primera medida de un eventual Ejecutivo con aspiraciones regeneracionistas.
Concurre además la circunstancia de que el perdón fue pactado por los sediciosos con dos intermediarios socialistas, Cerdán y Zapatero, ahora imputados por severas sospechas de conductas venales. Más agravantes: se trataba de conservar el poder para autoprotegerse, para estorbar o impedir en lo posible la depuración de responsabilidades. El cuadro de situación representa una coyunda de delincuentes convictos o probables en busca de una salida a sus distintos problemas penales, con el Gobierno de un Estado comunitario como garante y cómplice de su propio chantaje. La sentencia del TJUE se ha limitado a contestar con cínica lógica leguleya las preguntas que le han puesto por delante. Pero esos magistrados saben que han actuado como el médico que cura un catarro a un enfermo diagnosticado de metástasis.