Llevan razón los que consideran que Pedro Sánchez ha comprado el marco mental del soberanismo refiriéndose en el Congreso como piolines a los efectivos policiales desplazados a Cataluña para abortar el referéndum de 2017. Sobre aquel dispositivo, es de suponer que si un presidente del Gobierno lo considera un error —que lo fue y gravísimo en su ejecución el día de autos—, se refiera para censurarlo a los mandos policiales que lo lideraron y a los responsables del Ejecutivo que empujaron hacia esa solución, pero no a los agentes de un modo generalista y menos aún con un sustantivo descalificativo. 

Nada comprensible sería, en cambio, que a Pedro Sánchez le cayeran tortazos por reconocer en la misma intervención en el congreso la existencia de una policía falsamente patriótica que operó desde el Ministerio del Interior con fondos públicos y al margen de la ley. Porque, después de los últimos audios de los que hemos tenido conocimiento entre el comisario Villarejo y el número dos de Interior en la época del ministro Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, resulta cada vez más difícil no escribir abiertamente lo que más o menos todo el mundo da por hecho: que desde esas instancias gubernamentales se utilizaron el poder y el dinero público para dañar e intentar destruir reputaciones y carreras profesionales de rivales políticos nacionalistas con la connivencia de algunos medios de comunicación nada escrupulosos —por decirlo con suavidad— con la comprobación de la fiabilidad de sus fuentes.

Lo fundamental no es si la filtración de estos audios en este momento permite al PSOE intentar desviar la mirada de las audiencias del caso Pegasus y de su nefasta gestión del mismo. No cabe duda de que eso es así. Pero aun siéndolo, lo relevante ahora está en la fuerza probatoria que tiene escuchar al que acabaría siendo secretario de Estado de Seguridad y primero jefe de gabinete del ministro negociar con un canalla como Villarejo la forma y el precio para dinamitar la campaña electoral de las elecciones catalanas de 2012 con informaciones falsas. Y lo peor del caso, comprobar cómo a los pocos días su estrategia se hacía realidad con la publicación de un informe apócrifo supuestamente proveniente de la UDEF más falso que un billete de 30 euros. 

Son estos hechos gravísimos y resulta difícil de explicar que a estas alturas nadie haya movido un dedo para que se actúe en el terreno de la justicia. Alterar unas elecciones democráticas desde un lugar tan sensible desde el punto de vista democrático como el Ministerio del Interior no es un escándalo, es lo siguiente. Puede contrargumentarse, si se quiere, que la política es el oficio más sucio del mundo y que no son de recibo tantos aspavientos. Es un argumento, claro, y sirve para todos aquellos que estén colonizados de cabo a rabo por el cinismo o por una resignación insana. Y aun así, por el mínimo respeto que les debemos a las instituciones, sobre todo si queremos que sigan siéndolo y puedan cumplir sus funciones con la legitimidad que han de saber conservar, no nos iría mal un mucho de indignación y de exigencia de asunción de responsabilidades —no políticas, esas ya están depuradas— penales si las hubiere. 

La cúpula de Interior ha de sentarse en el juzgado por el caso Kitchen. Las nuevas revelaciones afectan también a MarÍa Dolores de Cospedal y quizás alguien deba replantearse si, a tenor de lo que hemos sabido ahora sobre la libretita de cobros en B de la dirección del PP y su petición de auxilio a Villarejo para que se encargara de ella, fue correcta o no la decisión del juez de dejarla fuera del procedimiento, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Pero la operación Cataluña, de la que ya había indicios más que suficientes sobre su existencia, debiera merecer también la atención de la que no ha gozado todavía por parte de la Justicia. Hay que aclarar hasta qué punto Jorge Fernández Díaz se creyó un cruzado obligado a utilizar todo lo que estuviera en su mano en favor de la reconquista de Constantinopla. Hay coartadas incluso peores. Pero de lo que no hay duda es de que todo apunta a que convirtió bajo su mandato, según los indicios que ya conocíamos —a los que ahora se suman las conversaciones que hemos escuchado— el Ministerio del Interior en un estercolero. 

Jorge de Burgos, el monje ciego de ‘ El nombre de la rosa ‘, creía que estaba obligado a combatir la risa que pervierte al mundo convirtiendo el segundo volumen de la ‘Poética’ de Aristóteles, dedicada a la comedia, en un arma mortal para sus lectores. Puede que Jorge Fernández Díaz actuase bajo esa misma lógica, solo que en lugar de combatir las sonrisas, su sagrada misión era luchar a brazo partido contra el nacionalismo. Háganle pues un sentido homenaje los miembros de su club por tanto sacrificio, pero ajustemos cuentas con él los ciudadanos que consideramos que las instituciones merecen respeto. Que la Justicia haga su trabajo también con la operación Cataluña. Se ha quedado sin excusa alguna para seguir mirando a otro lado.