Del Blog de Santiago González

Son discutibles los criterios con los que tanta gente ha coincidido en valorar positivamente la infame decisión del Gobierno de prohibir la asistencia del Rey a Barcelona para presidir la entrega de despachos a los nuevos jueces de la 69ª promoción. Estos han llevado a Carlos Lesmes razones sobradas puramente constitucionales que se explican en el artículo 117.1 de la Carta Magna: “La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”.

La vicepresidenta del Gobierno repitió tres veces una aprobación que rozaba el entusiasmo: “está muy bien tomada esa decisión”, dijo tres veces sin explicar por qué y cuando se le preguntó quien la había tomado, dijo: “A quien corresponde”, con esa manera tan particular que tiene de entender la sintaxis. No ha sido la única. Ha apuntado idéntica razón el hombre que le lleva a Baltasar Garzón los asuntos de la Justicia en el Gobierno sanchista, Juan Carlos Campo: “sin duda es una decisión bien tomada”. No dio mayores datos sobre la responsabilidad de la decisión: “quien tenía que tomarla la ha tomado” y negó que se tratase de un toma y daca para conseguir la aprobación de los golpistas catalanes a los presupuestos. O sea, que fue por la seguridad: “la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger a las instituciones y la Monarquía lo es”. El ministro Campo es un hombre peculiar que se expresa con un lenguaje propio que deja a veces dudas sin resolver entre sus interlocutores, recuerden  cuando inauguró el verano anunciando que España está en una crisis constituyente y luciendo una tendencia infructuosa a dar giros de 360 grados: “Igual hay que dar una vuelta al Título VIII aunque sea para dejarlo igual”.

Grande Marlasca, que es el responsable de la cosa ha esgrimido como motivo que no se puede garantizar la seguridad del monarca en el acto previsto para hoy en la Escuela Judicial de Barcelona. ¿Quiere decir este buen hombre que el Estado español no se siente capaz de garantizar la seguridad del Jefe del Estado en todo el territorio nacional? Aceptemos la hipótesis más leve, descartando la posibilidad de que el Gobierno esté trapicheando con los golpistas catalanes: humillamos al Rey a cambio de vuestro apoyo a los presupuestos. Y los indultos y lo que caiga. Que gente tan relevante del Gobierno, no diré cualificada, que ese es otro concepto de por buena la hipótesis de la seguridad, pone en evidencia un Estado fallido. Durante el reinado de Don Juan Carlos, los Reyes visitaron el País Vasco media docena de veces mientras la banda terrorista mataba y fueron aquellos en los que ETA mataba mucho. A nadie se le ocurrió suspender una de aquellas visitas, pongamos la inauguración del Guggenheim por razones de seguridad.

Ha pasado ya un siglo desde que Max Weber acuñó aquella definición canónica en una de las dos conferencias que impartió en la Universidad de Munich: “El Estado es aquella organización humana que dentro de un determinado territorio reivindica para sí con éxito el monopolio jurídico de la violencia física legítima”. ¿Salvo que sea español?