PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO-El Correo
La política de memoria tiene dos facetas interconectadas y que se alimentan mutuamente, por más que muchos rechacemos esa asociación: la memoria del terrorismo y la memoria histórica
Como lo demuestran continuas declaraciones y artículos de prensa en las últimas semanas, estamos ante lo que parece ser una consigna en el seno del PNV para condicionar el funcionamiento presente y futuro del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, cuando todavía su sede en Vitoria-Gasteiz no se ha abierto al público. La campaña jeltzale se inició el pasado 20 de febrero en la sesión de control del Senado, a cargo de Jokin Bildarratz, quie dejó meridianamente claras las intenciones de su partido respecto al Centro Memorial al «sugerir» –ese fue el verbo utilizado– «un mayor esfuerzo de pluralidad a la hora de preparar y convocar sus actividades, así como de componer sus equipos y desarrollar sus iniciativas». Y para ello utilizó una expresión que me sirve aquí como título: «pluralismo memorial».
Si no fuera por toda la trastienda de intereses –próximos presupuestos incluidos– que se puede adivinar detrás, la petición es impecable porque alude a algo en lo que todos los ciudadanos vascos nos deberíamos sentir compelidos desde lo más hondo de nuestras conciencias: demostrar la empatía con las víctimas del terrorismo y contribuir a gestionar su memoria con la pluralidad necesaria. Pero ¿qué es lo primero que distorsiona la posible sinceridad de esta petición? Pues que, para empezar, el tema de los centros de memoria en Euskadi quedó decidido y cerrado en sendas reuniones al más alto nivel tanto en Vitoria-Gasteiz como en Madrid un 22 de mayo de 2012. De allí salió el proyecto del Instituto Gogora, que gestiona hoy el Gobierno vasco, tras la llegada de Urkullu a Ajuria Enea, mediante ley vasca de 2014. Y y de allí salió también el Centro Memorial previsto en la ley estatal de víctimas de 2011, y que debía quedar en la órbita del Gobierno central, hasta el punto de que la prensa del día siguiente a aquella reunión tituló: «El Gobierno vasco cede a Madrid el control del memorial por las víctimas del terrorismo».
El presidente Rajoy, en su contestación a Bildarratz, perdió una preciosa ocasión de recordar ese resultado de la reunión de 22 de mayo de 2012 y en su lugar aludió a la pluralidad del Patronato de la Fundación Memorial. ¿Por qué no aprovechó la ocasión para recordar que fue como consecuencia de aquel acuerdo de 2012 por lo que el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, nombró director del centro a Florencio Domínguez, que ni es persona de partido ni tampoco próxima al PP? Constitucionalista sí, claro. Lo mismo que el equipo científico del Memorial –justamente donde el PNV pide entrar–, integrado por investigadores excelentes, pero no afines al PP.
Si los jeltzales no valoran este dato, esto es, si no aprecian que las personas que configuran el núcleo duro, digamos así, del Memorial no pertenecen al PP, y si persisten en que se abra a perfiles más nacionalistas, Rajoy lo va a tener difícil para plantear alternativas que no sean las de conceder o denegar lo que se pretende. Y es que el que suscribe ha pensado desde el principio, y así lo ha escrito además también, que el PP, al confiar el diseño y la gestión de un centro tan sensible a personas no afines al partido y mucho menos surgidas de su seno, aparte de por un prurito de respetar la pluralidad dentro del campo constitucionalista –que es muy loable, pero a la postre poco eficaz o sin capacidad para ser apreciada así desde fuera de ese ámbito, por lo que estamos viendo–, lo hacía en el fondo por una falta de política memorial propia. Y a los hechos me remito.
En efecto, al PP en el tema de la memoria solo le interesa la memoria del terrorismo y ahí es beligerante. Lo vemos en las últimas semanas, interponiéndose valientemente en los homenajes a los etarras que vuelven a casa, y lo venimos viendo desde el inicio de esta legislatura, rehusando entrar en la ponencia de memoria del Parlamento vasco mientras Bildu no denuncie la injusticia de ETA. Pero en Euskadi, y qué decir del resto de España, la política de memoria tiene dos facetas interconectadas y que se alimentan mutuamente, por más que muchos rechacemos esa asociación: la memoria del terrorismo y la memoria histórica. Y ante esta última el PP se siente profundamente incómodo, inerme, a la defensiva siempre, y por ahí pierde sin remedio todo lo que gana por su coherencia con la memoria del terrorismo.
Si tuviera elaborada su propia política integral de memoria, el PP podría salir de este brete con mucho desahogo. Para empezar, pidiéndole a su vez al Instituto Gogora tomar parte en su gestión, o que al menos el PSE tuviera más visibilidad ahí. ¿No es verdad que ese centro fue idea del PSE de tiempos de Patxi López y se supone que el Gobierno vasco actual es de coalición entre PNV y PSE? Y ya puestos, que Gogora incluyera también en sus programas la memoria de los represaliados por la Segunda República, que fueron en Euskadi tantos como los del otro bando y que merecen también ser homenajeados por nuestra democracia. Gregorio Balparda, liberal progresista; Víctor Pradera y Joaquín Beunza, tradicionalistas; Fernando Ybarra, maurista; o José María Urquijo, católico independiente, por referirme solo a los más conocidos, fueron asesinados antes incluso de que Franco fuera nombrado jefe supremo del bando sublevado. Consentir con la teoría tramposa de que todas las víctimas homenajeadas por el franquismo ya no merecen, por eso, ser homenajeadas por la democracia es dar por perdida de antemano la batalla de la memoria.
PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO Profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU