El Correo-IVÁN ORIO
Aprueban en el Parlamento un texto que critica la base «antidemocrática» de la Carta Magna y pide elecciones para la Jefatura del Estado
PNV y EH Bildu reforzaron ayer su estrategia soberanista, iniciada en la ponencia de Autogobierno con el acuerdo de las bases para la reforma del Estatuto, y consensuaron en el Parlamento vasco una declaración en la que cargan contra la Constitución y defienden el derecho a decidir en vísperas de la celebración del cuarenta aniversario de la promulgación de aquella ley. Las negociaciones entre ambos grupos fructificaron poco antes del pleno en la Cámara de Vitoria con el alumbramiento de un texto que refunde la proposición no de ley planteada de inicio por la coalición abertzale y la enmienda a la totalidad redactada por los jeltzales. La síntesis se sustenta en una iniciativa de seis puntos muy crítica con la Carta Magna al cuestionar su «legitimidad» en Euskadi porque la mayoría de la ciudadanía vasca «no la respaldó» y en la que se subraya que «la unidad de la nación española desde la imposición y la pertenencia desde la obligación suponía y supone construir el Estado desde una base antidemocrática e históricamente falsa». Recalca, además, que cualquier reforma constitucional debe incorporar «el principio de libre determinación».
El debate político y también histórico fue intenso y las réplicas entre los parlamentarios de los diferentes partidos muy directas, pero sin entrar en el terreno del trazo grueso y la crispación a pesar de las profundas discrepancias. Pero desde el comienzo quedó clara la sintonía de PNV y Bildu frente al PSE y el PP y la posición más intermedia de Elkarrekin Podemos, que pidió un nuevo proceso constituyente pero desde el respeto a los derechos que se consiguieron en 1978 después de cuatro décadas de dictadura. Hubo varias batallas dialécticas en el hemiciclo: la de los números, para determinar el respaldo a la Carta Magna desde el País Vasco; la de la valía del texto legal para afrontar los nuevos retos sociales; y la de la necesidad o no de articular fórmulas para abrir una discusión pública sobre cómo cohesionar la variedad territorial en el Estado.
El primero en intervenir fue Pello Urizar, de la coalición abertzale, que recordó que la Constitución es en parte heredera del régimen franquista y que por esa razón niega el «carácter nacional de Euskal Herria». Jon Hernández, de Podemos, abogó por un debate sincero para elaborar otra Carta Magna, mientras que el socialista José Antonio Pastor estableció una vinculación directa entre la propuesta de los jeltzales y de Bildu presentada ayer con su pacto para modificar el Estatuto. «Esto es propaganda del acuerdo de bases», afirmó. El jeltzale Joseba Egibar reprochó que la Constitución defienda la indivisibilidad del país y la «imposición» de la unidad, mientras que el popular Borja Sémper agradeció a los jeltzales que se hayan quitado el «maquillaje», lo que dificulta cada vez más, dijo, identificar al PNV y a EH Bildu.
Blindaje
El segundo turno tuvo más contenido, con alusiones directas de unos portavoces a otros por sus discursos previos. Urizar criticó que «no se nos quiere dejar votar» (en un eventual referéndum de autodeterminación) y se preguntó que «¿dónde está el miedo?». Pastor le replicó que no tiene ningún problema en que haya votaciones, pero que éstas tienen normas y reglamentos, y añadió que quizás lo que se pretende es «una voladura controlada» de la Constitución. Egibar aludió al artículo 8, el que otorga al Ejército la potestad de mantener la unidad del Estado, mientras que Sémper advirtió de que las normas «no se hacen para responder a emociones», sino para sentar las bases de la «convivencia». Hernández, de Podemos, insistió en que «el marco actual no nos vale» para solucionar los nuevos problemas de índole social y territorial.
La declaración parlamentaria sostiene que el «déficit de legitimidad» de la Carta Magna por no haber obtenido el ‘sí’ de la mayoría de la ciudadanía vasca «perdura hasta hoy» y que la unidad de España «no fue ni es consecuencia de la libre adhesión y voluntad de los pueblos», sino que se articula desde la «imposición». La iniciativa añade en el punto tercero que «una generación no puede sujetar con sus leyes a las generaciones futuras» y subraya que cualquier reforma constitucional debe dar respuesta «a los actuales retos de blindar los derechos sociales, garantizar las libertades y reconocer y articular el carácter plurinacional y plurilingüe del Estado en una clave y/o confederal, teniendo que incorporar al texto constitucional el principio de libre determinación».
El cuarto apartado, recogido literalmente de la enmienda del PNV, sostiene que la «interpretación jurídico-política de actualización de los derechos históricos del pueblo vasco permite reconocer el derecho y la capacidad de los vascos y vascas para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva de cara a la consecución de fórmulas de convivencia acordadas voluntariamente y de establecer mecanismos que garanticen que los compromisos alcanzados serán respetados». El quinto punto, que ningún grupo sometió a debate durante el pleno, alude a que todo cargo público debe ser elegido y renovado periódicamente a través de elecciones, «un principio que debe hacerse extensivo a la Jefatura del Estado». Por último, la Cámara de Vitoria expresa su voluntad de no participar en las celebraciones por el cuarenta aniversario de la Carta Magna. La declaración salió adelante con los votos de PNV y EH Bildu. Podemos aprobó los apartados tres, cinco y seis, rechazó el cuarto y se abstuvo en los dos primeros.