El Plan de Recuperación que, al parecer, aprobó ayer el consejo de ministros, es una oportunidad única y muy probablemente irrepetible para sacar a la economía española del marasmo en el que se encuentra por culpa de la pandemia y de sentar las bases de una modernización de sus estructuras, cuya necesidad viene de mucho más atrás. Digo, al parecer porque esa es la noticia de ayer, pero nos llega tan vacía de concreción que uno ya no sabe a qué atenerse. El tema viene de lejos. Ahora hace un año, el consejo de ministros europeos celebrado el 23 de abril de 2020 tomó el acuerdo de establecer el fondo, cuyos objetivos se fijaron en el consejo celebrado entre los días 17 y 21 de julio. Es decir hemos tenido un año para pensar en ello y no es presentable que a dos días de su envío a Bruselas sigamos en éstas. El plan es como un libro que nos muestra el título de sus capítulos, pero no su contenido. Sí sabemos que este año incluiremos en los presupuestos 27.000 millones de euros en total y que habrá que esperar hasta el 2025 para completar la cifra de los 74.000 millones que esperamos.
Nos faltan por conocer temas capitales como el alcance de las reformas exigidas por la UE y prometidas por el Gobierno en materia de pensiones, mercado de trabajo, fiscalidad mercado interior o capital humano. Los constantes enfrentamientos entre las almas económicas, representadas ahora por las vicepresidentas segunda y tercera, con la más compleja y cambiante ubicación entre las dos del ministro Escrivá, han trasladado un sin fin de globos sondas y declaraciones que impiden formar un juicio definitivo. Y no es nada evidente que el viernes, cuando se envíe el documento a Bruselas, se nos despeje el panorama. ¿Ha formado el Gobierno un criterio único al respecto de las reformas, de su alcance y de su calendario? ¿Sabe cuál va a ser el reparto de las actuaciones y las responsabilidades con las comunidades autónomas una vez que se ha comprometido a repetir el modelo de la poco afortunada cogobernanza seguida en la pandemia?
Por si fuera poco, todo ello sucede en medio de un agravamiento severo de las cuentas públicas, con una previsión menor de crecimiento y una mayor de déficit, lo que dificulta a su vez el esbozo de un calendario de consolidación que, en principio, debería empezar en 2023 y que el Gobierno quiere posponer.