Todo parece indicar que solo habrá Gobierno si el PSOE y los nacionalistas se ponen de acuerdo en que lo haya y en el programa que lo sostenga. El PP no conseguirá la abstención de ninguna de las fuerzas nacionalistas y su fracaso en la investidura será el colofón de su fracaso electoral. Apostó por sumar con Vox como único aliado y se equivocó, perdiendo cualquier posibilidad de diálogo con el resto de fuerzas del arco parlamentario. Lo ha hecho fatal y su líder es el principal responsable.

A pesar de que Junts y ERC han perdido siete escaños y solo suman 14 de los 48 diputados elegidos en Cataluña, tienen más poder negociador que nunca. Ellos cuentan con la llave de la gobernabilidad de España, un Estado que quieren abandonar. La suma de votantes no nacionalistas en Cataluña dobla la suma de votantes de Junts y ERC, pero la agenda de la negociación será la que imponga esa minoría. Se dice que se trata de una coalición progresista, pero no se habla de vivienda, o de empleo o de protección social, sino de amnistía y autodeterminación. Son solo algunas de las muchas paradojas a las que nos ha condenado este tablero maldito surgido del 23 -J.

Hay quienes ven en un nuevo Gobierno PSOE-Sumar, con apoyo de los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, una enmienda al régimen surgido del 78 y, con ella, la oportunidad de construir una especie de pacto plurinacional superador del Estado autonómico, en el que el reconocimiento de esas naciones lleve aparejado un derecho a decidir en determinadas circunstancias y condiciones. Se trataría de cambiar la naturaleza federal de nuestro modelo autonómico, tal como lo concibe el título VIII de la Constitución, por un modelo confederal en el que la pertenencia al Estado se sostiene en la voluntariedad previa de esas naciones.

Es fácil prever la coincidencia de todos los grupos nacionalistas en esa pretensión, aunque su materialización se posponga o se condicione en el tiempo. Bastaría reconocer el eufemístico derecho a decidir en base a una consulta jurídicamente no vinculante -cuyo poder político sería insoslayable- o simplemente considerar legal todo lo producido en el ‘procés’ catalán, incluido el referéndum convocado en su día. También es previsible que Sumar avance en esa dirección, conocida la posición de los comunes en Cataluña , dada su influencia en esa coalición y vistas las prisas de la señora Yolanda Díaz por materializar cuanto antes y al precio que sea un nuevo Gobierno de coalición PSOE-Sumar.

La inteligente calma de Bildu en este escenario es suficientemente indicativa de su coincidencia con este planteamiento. Todos sabemos que ese derecho de autodeterminación encubierto responde a su reivindicación histórica y ellos saben bien que no conviene recordar en estos momentos que otros mataron por eso.

La propuesta del PNV y de Urkullu sobre un nuevo «estatus», aunque más suave en las formas, tampoco se distancia mucho de esta filosofía confederal. La «unión voluntaria» o la «bilateralidad efectiva» y la «capacidad de decidir pactada» responden a un modelo de Estado en el que quienes deciden su desintegración son los ciudadanos de sus nacionalidades, no los del conjunto del país.

Yo creo que el diálogo con los nacionalistas es necesario. También creo que el Estado autonómico necesita desarrollo y reformas, incluso constitucionales. Pero creo que el PSOE no puede negociar sobre la agenda soberanista de la autodeterminación o sobre reformas confederales de nuestro modelo autonómico, a riesgo de producir un quebranto nacional irreversible y a riesgo de fracturar seriamente nuestra cohesión interna. La pretensión de la consulta autodeterminista esconde una espada de Damocles letal sobre la unidad de nuestro país. Los nacionalistas la necesitan para alimentar y estimular su proyecto independentista ofreciendo a sus electores ese horizonte político. Ahora no cabe, lo saben, pero esperarán el momento adecuado para intentarlo. Por eso reiteran: «Ho tornarem a fer».

Podemos y debemos ofrecer un marco de diálogo en el desarrollo de nuestro Estado compuesto. Hay márgenes para mejorar el autogobierno, para negociar la financiación, para hacer compartida la gobernación con las comunidades autónomas en España y Europa, para reformar los estatutos, incluso para reformar la Constitución en sentido federal. Hay que intentar integrar al PP en esa tarea porque gobierna muchas comunidades autónomas, porque su contribución es necesaria en estas reformas y porque el propio Partido Popular necesitará recuperar el diálogo con los nacionalistas si quiere gobernar España.

Esa debe ser nuestra agenda. Si la minoría nacionalista exige lo imposible, digamos ‘no’. Un PSOE que se mantenga firme en la defensa de la España autonómica y constitucional no debe temer la repetición electoral. Muy al contrario, el desenlace de los próximos meses bajo este escenario reforzará nuestras opciones y nuestra vocación de mayoría.