EL MUNDO – 16/02/16 – EDITORIAL
· Ayer se despejó una importante incógnita: el presidente del Congreso tomó la decisión de fijar la primera sesión de investidura para el día 2 de marzo. Ello significa que, si no prospera la iniciativa de Pedro Sánchez, hay un plazo que acaba el 3 de mayo para llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas para formar Gobierno antes de disolver las Cámaras. Según este calendario, al líder socialista le restan exactamente dos semanas para buscar el respaldo parlamentario que le permita construir una mayoría para gobernar.
Sánchez ya se ha sentado a negociar con Ciudadanos y otras formaciones, pero hasta la fecha no lo ha hecho con Podemos. Ayer, como ya había anunciado, el partido de Pablo Iglesias presentó un documento en el que expone su programa para formar un Gobierno de coalición con el PSOE e IU. Iglesias recalcó que si existe voluntad, Podemos y los socialistas podrían llegar a un acuerdo de forma inmediata.
Eso no se ajusta a la verdad porque Iglesias y sus colaboradores han elaborado un documento de máximos, con un fuerte incremento del gasto público, subidas masivas de impuestos y un aumento de la burocracia estatal que difícilmente puede asumir el PSOE si quiere consolidar la recuperación económica del país.
El documento de Podemos incluye la celebración de un referéndum para que los catalanes decidan si quieren continuar en España y la creación de un Ministerio de Plurinacionalidad. Éste tendría como competencia descentralizar todavía más la estructura territorial del Estado y elaborar un nuevo sistema de financiación autonómico dentro de una filosofía de bilateralidad. Podemos distingue además entre naciones y comunidades, rompiendo el principio de igualdad y creando una ciudadanía de segunda división.
Sánchez ya ha dicho por activa y por pasiva que la integridad de España es innegociable y que no va a aceptar esa consulta. E Iglesias no puede renunciar a este punto clave porque supondría la ruptura de su asociación con En Comú Podem y las Mareas gallegas. Por tanto, es muy difícil que puedan llegar a un consenso en esta cuestión tan esencial, como es el modelo territorial del Estado.
Pero, además, el programa de Podemos rezuma intervencionismo y estatalismo, con la creación de nuevas estructuras administrativas como un Ministerio de Igualdad, una Oficina de Derechos Humanos y una Secretaría de Estado en la lucha contra la corrupción. Estas dos últimas –junto al CNI– dependerían de la vicepresidencia que aspira a ocupar Iglesias, al que se le nota su afán de acaparar poder en el nuevo Gobierno.
En cuanto a este organismo contra la corrupción, Iglesias desconoce el principio elemental de que es imposible que el Gobierno se fiscalice a sí mismo. Lo que tiene que haber es un aparato legislativo eficaz, un poder judicial independiente y un sistema de checks and balances, o sea, de contrapesos institucionales. El vigilante y el vigilado no pueden ser la misma persona o institución.
El afán de controlarlo todo llega hasta extremos como exigir el nombramiento por consenso con el PSOE de 79 altos cargos, entre los que figuran los presidentes de las confederaciones hidrográficas, los directores adjuntos de la Policía y la Guardia Civil o el embajador en Washington.
El documento, de casi 100 páginas de extensión, está lleno de ocurrencias y propuestas disparatadas. De hecho ambiciona crear un nuevo Estado con una filosofía que supondría en la práctica la supremacía de un Big Brother, una especie de ojo público que supervisaría todos los ámbitos de la vida del individuo. Su pretensión de marcar su impronta llega hasta la redefinición de la Historia de España y la equiparación de los símbolos nacionales y autonómicos.
El programa de Iglesias supone tal intervencionismo sobre algunos sectores productivos como el eléctrico que equivale a su nacionalización. Y propugna la hegemonía de la enseñanza pública, dejando la concertada como una oferta marginal.
Pero lo más descabellado –y hay que insistir en ello– es el fuerte incremento del gasto social, que Podemos cuantifica en 24.000 millones de euros al año para ofrecer una renta al que no tenga trabajo, garantizar unos ingresos mínimos a los hogares y asegurar servicios elementales a las familias sin recursos. Estas medidas nos parecerían loables si no fuera porque para financiarlas Podemos propone la subida del IRPF, del Impuesto de Sociedades y los de Patrimonio y Sucesiones.
En suma, el programa de Podemos es lo más parecido a una carta a los Reyes Magos, lo que justifica la reacción de incredulidad de algunos dirigentes del PSOE, que ayer daban por hecho que será imposible pactar con Iglesias.
EL MUNDO – 16/02/16 – EDITORIAL