Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 3/10/12
La falta de una retribución regular cerraría las puertas de la política a muchos ciudadanos
En nombre de la austeridad y de la necesidad de dar ejemplo, el Gobierno de Castilla-La Mancha que preside María Dolores de Cospedal ha enviado al legislativo regional unos presupuestos con los que pretende dejar sin sueldo fijo a los parlamentarios autonómicos. La retribución estable sería sustituida por dietas que los electos cobrarían en función de su asistencia a las reuniones de la Cámara.
Es evidente la existencia de un distanciamiento entre la clase política y la mayoría de los ciudadanos. Los casos de corrupción y los privilegios han contribuido a ese distanciamiento, igual que la conversión de la política en coto cerrado de una casta profesional, con mecanismos de renovación limitados, que ha perdido capacidad para sintonizar con las preocupaciones fundamentales de sus ciudadanos. El socialista Joaquín Leguina atribuye este problema de pérdida de perspectiva a la lejanía laboral de muchos políticos profesionalizados con respecto a sus votantes: «El problema de los nuevos políticos es que nunca han cotizado a la Seguridad Social por cuenta propia o ajena, fuera de sus partidos», ha señalado Leguina.
La existencia de ese problema, agudizado por la crisis, no se soluciona suprimiendo el sueldo de los parlamentarios, sino con transparencia, con honradez en la gestión, respeto a los regímenes de incompatibilidades y con retribuciones que no resulten escandalosas. También es fundamental la ejemplaridad en el comportamiento de forma que, por ejemplo, la administración no se vea saturada por cargos de confianza de los electos o, incluso, en ocasiones, de familiares de los políticos que acceden a puestos públicos por la puerta de atrás utilizando los resortes de la libre designación. Además, por supuesto, es importante la modificación de los procedimientos de funcionamiento interno de los partidos para recuperar la comunicación con los ciudadanos de a pie.
La actividad de un Parlamento, por lo general, es lo suficientemente intensa como para requerir a sus miembros una dedicación casi exclusiva, aunque pueda haber alguna excepción. Eliminar el sueldo de los parlamentarios, como se pretende hacer en Castilla-La Mancha, haría imposible esa dedicación. La falta de una retribución regular, en último término, cerraría las puertas de la política a muchos ciudadanos: habría que ver cuánto tiempo soportaría cualquier empresa las reiteradas ausencias de un empleado parlamentario que tiene que acudir a ponencias, comisiones, plenos o actos de representación. O qué autónomo puede echar la persiana de su negocio cada vez que tiene una cita en el Parlamento, aunque le paguen dietas.
Sólo en una Cámara con poco trabajo tendría sentido la falta de sueldos, pero la necesidad de una política de austeridad no justifica dejar a los miembros de un legislativo sin una retribución adecuada, porque convertiría esa actividad política en un oficio propio de rentistas, los únicos que podrían permitirse el lujo de trabajar sin cobrar porque tienen resueltos los problemas económicos. Eso, o fomentaría fraudes y corruptelas, como los de buscar la forma de inflar las dietas para obtener un sueldo encubierto.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 3/10/12