A la Unión Europea no le faltan problemas pero, al menos, alguno de los existentes parece camino de solución. A principios de este mes, el presidente del partido Ley y Orden gobernante en Polonia anunciaba que se revocaría la reforma del régimen disciplinario de los jueces polacos cuestionada por la Comisión Europea y condenada por el Tribunal de Justicia de la UE por socavar las garantías de la independencia judicial. A las primeras advertencias de Bruselas, el Gobierno polaco había respondido desafiante, e incluso el Tribunal Constitucional de este país llegó a dictar un fallo que venía a negar la primacía del derecho de la Unión sobre el derecho nacional en aquellas materias que Polonia entendiera que estaban sustraídas a la competencia comunitaria, estableciendo así una doctrina con inquietantes paralelismos con la que mantiene el Tribunal Constitucional alemán.

La Unión respondió con el recurso a la paralización de los fondos de recuperación. Cuando el pulso ha llegado a su momento de máxima tensión, el Ejecutivo polaco ha retrocedido y ha abandonado sus pretensiones iniciales de ahormar a su imagen el poder judicial. Cualquiera que sea la opinión que se tenga del Gobierno de Varsovia, la actuación de la Unión Europea responde a una lógica impecable. La Comisión como guardiana de los Tratados advierte y denuncia; el Tribunal juzga y el Consejo, con la complejidad propia de su naturaleza intergubernamental, decide políticamente.

El diario ‘El País’ editorializaba el pasado día 10 señalando que «la claudicación de Kaczynski (el líder del partido del Gobierno) es la prueba de que Bruselas dispone de mecanismos para hacer respetar el Estado de Derecho. Y que la presión política y judicial logra meter en cintura (sic) a los gobiernos con tentaciones autoritarias, sobre todo si las advertencias llegan acompañadas de posibles sanciones financieras o bloqueo de fondos europeos», y añadía: «La Comisión debe mantener la misma firmeza en el resto de expedientes abiertos contra Polonia y la Hungría de Víktor Orbán, tanto por socavar el Estado de Derecho como por sus políticas discriminatorias hacia la comunidad LGTBI».

Uno se pregunta en qué momento esta lógica democrática, basada en el compromiso de defensa del Estado de Derecho, los fundamentos y las reglas del juego de la Unión, se invierte al cruzar los Pirineos y todo aquello que parece elemental cuando Bruselas tiene que afrontar un desafío como este por parte de un Estado miembro se convierte a ojos del Gobierno de España en una política de ‘venganza’, contraproducente y obsoleta cuando se trata de articular una respuesta -de lógica democrática igualmente impecable- al intento de un Gobierno autonómico de romper la unidad nacional y acabar con la Constitución en su territorio. O, desde otro punto de vista, ¿cómo es que los propagandistas de esa aviesa cursilería denominada «agenda del reencuentro» no la prescriben también para la situación de Polonia dentro de la Unión? De ser así, Polonia no sólo no vería amenazados los fondos europeos, sino que se le concedería más dinero para demostrarle lo mucho que la apreciamos y cómo reconocemos que ha sido maltratada por la historia en su ser nacional.

Las sentencias del Tribunal de la Unión serían apartadas del camino para que los polacos no vieran en ellas afán de revancha o límites indebidos a su capacidad de autogobierno ya que, al fin y al cabo, Polonia es un Estado con todas las de ley. Al Gobierno polaco se le dispensaría de tener que asistir a las reuniones del Consejo en las que nada se trataría que pudiera afectarle. En su lugar, se establecería un foro bilateral al margen de los Tratados en el que, claro está, no participaría ni España, ni Italia, ni Francia ni ningún otro Estado miembro y en el que Polonia y las autoridades comunitarias arreglarían sus asuntos a solas.

No saben los polacos lo que se están perdiendo por no ser españoles

Sobra decir que se buscaría denodadamente el ‘encaje’ de Polonia en Europa porque se daría por descontado que los acuerdos de adhesión y los Tratados que organizan la Unión responden a un consenso caduco que ya no colma las aspiraciones de la sociedad polaca. En consecuencia, habría que arbitrar un procedimiento específico para que Polonia decidiera su futuro, pero sin que esa decisión conlleve incomodidad o pérdida.

Además de ser con gran diferencia los grandes contribuyentes de la Unión, a los alemanes se les cargaría con un impuesto especial para que no exporten tanto, ni sean en general tan buenos en el manejo de su economía y su industria, así Polonia no sufriría los efectos de un vecino tan eficiente. Todo esto y mucho más. Así que nada de ‘meter en cintura’ a nadie. Mientras forcejean con la Comisión, no saben los polacos lo que se están perdiendo simplemente por no ser españoles.