Miguel Ángel García Herrera y Juan Luis Ibarra Robles-El Correo
Catedrático emérito de Derecho Constitucional y expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
- El Parlamento vasco debe aprobar el empadronamiento social municipal y el acceso a espacios residenciales dignos para nuestros jóvenes migrantes
El crecimiento del mercado laboral en 2025 es claramente deudor de la aportación de jóvenes inmigrantes. En 2026 la mitad de los nuevos cotizantes se corresponde con los 104.372 trabajadores extranjeros residentes. Para la ministra de Migraciones el balance general del ejercicio pasado «demuestra que la aportación de las personas extranjeras es estructural y decisiva para el crecimiento del empleo, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la prosperidad compartida de nuestro país».
Es oportuno recordar estos datos para relacionarlos con el discurso de fin de año del lehendakari Pradales. En su intervención, el presidente del Gobierno vasco interpelaba a los 310.900 emigrantes al afirmar que «habéis puesto un pie en Euskadi y os animo a que pongáis los dos», en un proceso complejo de derechos y obligaciones, de compromiso y exigencia.
Actualmente, la población residente extranjera representa el 14% de la ciudadanía. A este colectivo el lehendakari ofrece el compromiso de una sociedad receptiva: «llegáis a un país que sabe acoger y cuidar a quienes vienen de fuera. A quienes quieren formar parte de él». En su exhortación la política migratoria se supedita al bien superior de la dignidad humana por medio de los instrumentos de la cohesión social y la integración, porque «somos lo que nos une (…) una identidad basada en valores como el respeto, la igualdad y la convivencia».
Esta cohesión está sustentada en la valoración positiva de la sociedad vasca de la población de origen extranjero, que es percibida como parte de nuestro entramado social, demográfico y económico. El Barómetro Ikuspegi 2025 refleja la actitud inclusiva de la ciudadanía vasca. Se explicita el sentir de una sociedad comprometida con el valor universal de los derechos humanos aplicados a las personas extranjeras. Específicamente los encuestados dan su respaldo al apoyo y protección de las personas menores de edad y a los jóvenes inmigrantes.
Desgraciadamente hay un neto contraste entre el ideario del lehendakari, la predisposición social positiva y la realidad cotidiana. Esta nos muestra que la situación de exclusión residencial grave acompaña la fase inicial de acogida de los jóvenes migrantes extranjeros sin referentes familiares. Así se refleja en los informes bianuales formulados por el Servicio de Información e Investigación Social (SIIS). El último estudio, correspondiente a una noche del mes de octubre de 2024, ofrece el resultado de dos recuentos paralelos: un conteo de 1.556 personas que en 30 municipios vascos pernoctaban en situación de calle u otros lugares inadecuados para vivir (tiendas de campaña en zonas boscosas, túneles, puentes…) y un segundo recuento que, entre otros datos, identifica 558 personas alojadas en centros y servicios de acogida nocturna.
De las 1.556 personas detectadas en situación de calle, 1.361 eran personas extranjeras, la mitad de las cuales contaba con menos de 30 años en la fecha del recuento y el 65% llevaba menos de 3 años viviendo en el País Vasco. Mientras el lehendakari alienta la realización de la simbiosis de derechos y obligaciones, se están incumpliendo los deberes jurídico-políticos consustanciales a la concreción del programa de dignidad humana y bienestar aplicado a la totalidad del colectivo de los jóvenes inmigrantes.
Esta cruda realidad acredita el largo trecho que aún falta por recorrer para avanzar en el camino de derechos y obligaciones reclamado en el discurso navideño del lehendakari. Un camino que requiere, en un plazo cierto, la erradicación del sinhogarismo cuyo primer paso reclama el efectivo cumplimiento del deber municipal de empadronamiento social de los jóvenes residentes sin techo. Es también imprescindible la inclusión en la Cartera de Servicios Sociales municipales de la prestación a las personas sin hogar de suficientes «espacios residenciales dignos». Esta prestación temporal debería concluir con el acceso de estos jóvenes migrantes a una red de viviendas de inserción social en régimen de alquiler.
No son objetivos utópicos. En el mes de diciembre en el Parlamento catalán concluía el periodo de enmiendas de la proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo, promovida por seis grupos parlamentarios, incluso el del Partido Popular. La iniciativa parlamentaria reconoce a las personas ‘sin techo’ los derechos ya enunciados: el empadronamiento social municipal, el acceso a espacios residenciales dignos y, posteriormente, a las viviendas de inserción y al alquiler social.
Proponemos que en el Parlamento vasco una mayoría parlamentaria apruebe un texto normativo similar. Ese día nuestros jóvenes migrantes residentes podrán proclamar con satisfacción que ya han puesto los dos pies en Euskadi.