Pedro Sánchez ha hecho de la necesidad virtud con la vieja máxima de que si resulta imposible dominar a la Justicia a golpe «click» en el BOE, la segunda ratio es fracturarla hasta convertirla en un caos, dejar que ella sola se desprestigie –su eterna especialidad cainita–, e ideologizarla más aún para sacar rédito político. De ese modo, Sánchez consigue aparecer frente a los ciudadanos no como el presidente que pretende sojuzgar al poder judicial o a la Fiscalía, sino como una solución «política» para imponer orden donde no lo hay. O para dinamitar un statu quo anquilosado durante décadas en su conservadurismo que ha conducido a la justicia pura a una metástasis irreversible.
El argumento es sibilino si además la izquierda lo amplifica propagandísticamente con una coartada inefable, o con un guión intachable, según los cuales la Justicia es una cueva de ultraderechistas resentidos que se rebelan contra la limpieza a fondo que pretende hacer un Gobierno salvífico. Pablo Iglesias lo ha dicho claro: solo así los Tribunales dejarán de humillar ante Europa a los españoles, avergonzados de soportar un sistema institucional injusto heredado del franquismo. Y todo ello, con la oposición presentada como cómplice: dado que el PP dispone de una minoría política de bloqueo para cualquier renovación, y la Constitución lo consiente, lo que sobra directamente es ese sistema que ampara a una justicia fiscalizadora de los poderes ejecutivo y judicial.
Dolores Delgado no es en sí misma el problema. Es el síntoma. Es una herramienta más de la que pretende valerse Sánchez para una necesaria «purificación» de la Justicia, aunque fuerce al Consejo General del Poder Judicial a darle el visto bueno como fiscal general por imperativo legal. Eso es lo que ocurrió ayer. Sin embargo, el relato que fabrica Moncloa es arriesgado, además de perverso jurídicamente, porque las tentaciones de someter ideológicamente a cualquier ámbito de la justicia solo están generando en los últimos tiempos un efecto reactivo de dignidad y autodefensa frente a los tópicos que dibujan a nuestra cúpula judicial como una orden mendicante del poder.
Manuel Marchena, al rechazar in extremis la presidencia del Supremo como un sacrificio personal moralmente ineludible, lo ejemplificó como nadie. También ahora, María José Segarra con su prudencia y silencio. La maniobra de Sánchez no es una simulación, sino el ejercicio de supervivencia de un rehén del independentismo. Pero la justicia es una pésima enemiga.